El diputado del PRC y exconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano, ha recurrido el auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que le imputa un posible delito de prevaricación administrativa por el proyecto de la Casa de los Gorilas de Cabárceno, que se ejecutó durante su mandato como presidente del Consejo de Administración de Cantur.

Marcano solicita el archivo de la causa, promovida por el actual consejo de administración de la empresa pública, en un recurso que también se presenta en nombre del exdirector general de Cantur, Diego Higuera, "por enfermedad" de su abogado.

En el auto recurrido, el juez instructor ve indicios de prevaricación administrativa en la actuación de ambos, al considerar que "obviaron" las exigencias legales de publicidad y libre concurrencia en la contratación, con el añadido de que las obras se realizaron sobre suelo "no urbanizable", sin disponer de la autorización de la Comisión Regional de Urbanismo ni de licencia municipal, y que el edificio anexo se construyó sin proyecto arquitectónico.

Paralelamente, el juez archiva la denuncia de Cantur en todo lo referente al delito de falsedad de documento oficial que imputaba al dirigente regionalista y decreta el archivo provisional en lo relativo al delito de malversación de caudales públicos del que el actual consejo de administración de la empresa pública acusaba a López Marcano e Higuera.

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, Marcano alega que la decisión de construir la Casa de los Gorilas en suelo rústico de protección especial antes de que se concedieran las autorizaciones urbanísticas no fue "arbitraria, ni caprichosa ni adoptada a la ligera". De igual forma, sostiene que "no fue ilegal" porque el edificio se ajusta a la legislación aplicable; ni "injusta" porque "no cumple el requisito de la ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa".

De esta forma, alega que no se ha incurrido en una infracción penal, "ni siquiera administrativa"; y que aunque "tarde", se siguieron los requisitos legales y procedimentales". La CROTU autorizó la construcción de la Casa de los Gorilas en julio de 2007, tres meses después de su inauguración.

La solicitud de la licencia municipal se tramitó en octubre de 2006, pero el Ayuntamiento de Villaescusa no llegó a concederla y en noviembre de 2008, más de un año después de su inauguración (abril de 2007) requiere por primera vez a Cantur para que legalice la obra, legalización que "actualmente se encuentra pendiente de efectuar a través de un proyecto singular de interés regional (PSIR)".

El recurso también señala que las decisiones se tomaron "en la convicción de que eran ajustadas a derecho y las más convenientes para la gestión del patrimonio cultural", "proporcionando a los cántabros y todos los turistas la presencia de unos animales de excepción". "No se trata de un capricho, al contrario, se retoma el proyecto de políticos predecesores, de distinto partido incluso, y se deja toda su ejecución en manos de los técnicos", añade.

Sobre la publicidad y concurrencia, el recurso señala que no había una norma concreta que regulara la forma en que debían las sociedades públicas materializar estos principios, hasta la entrada en vigor en mayo de 2008 de la Ley de Contratación del Sector Público, tras la cual Cantur se dotó de unas instrucciones de contratación "más restrictivas" que la propia ley y que el propio Marcano firmó.

Destaca además que todas las obras llevadas a cabo por Cantur hasta ese momento siguieron "pasos similares" a los de la Casa de los Gorilas, de forma que ninguna de las 30 construcciones con que cuenta Cabárceno salieron nunca a licitación. En este sentido, señala que el procedimiento "habitual" era el de solicitar ofertas de tres empresas.

Por otro lado, explica que el motivo de iniciar la obra de la Casa de los Gorilas con el proyecto básico obedeció a la "premura" por aprovechar la donación de una pareja de gorilas, ofrecida por el Zoo de Madrid con la condición de que el traslado se llevara a cabo en el plazo de unos pocos meses.

Una "oportunidad" que no se quiso "dejar pasar", añade, en razón de "la defensa de los intereses de los cántabros, que podrían contar con una especie de gran atractivo turístico y que, como el tiempo ha demostrado, genera pingües beneficios tanto económicos como culturales".

Y añade que los cambios en el proyecto fueron fruto de las modificaciones impuestas por los técnicos veterinarios y el organismo europeo que se encarga de la gestión, cuidado y control de los gorilas en cautividad (EEP).

Por otro lado, el recurso hace hincapié en que el auto "no señala la concreta resolución presuntamente prevaricadora" dictada por Marcano, por lo que "resulta un ejercicio complicado la determinación de la injusticia que puede haber cometido".

Aunque considera que "ni siquiera existe una infracción administrativa", subraya que hay que diferenciar entre éstas y las que suponen la comisión de una infracción penal, y que "no se puede confundir la ilegalidad administrativa con el delito de prevaricación".

Por todo ello, Marcano pide -también en nombre de Higuera- pide el archivo de la causa o, en su caso, la remisión del recurso al TSJC para su sustanciación. Asimismo, solicita que se reclame al Ayuntamiento de Villaescusa el expediente íntegro de solicitud de licencia de construcción de la Casa de los Gorilas en Cabárceno ya que "no aparece completo en las actuaciones".