El Partido Popular quiere dar voz a las comunidades autónomas en la elaboración de las instrucciones que se entregarán a los embajadores cuando sean designados, un papel que originalmente no contemplaba la Ley de Acción Exterior, que esta semana pasó su primer trámite en el Congreso.

El cambio aparece recogido en una de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular a la 'ley estrella' del jefe de la diplomacia, José Manuel García-Margallo, que ha recibido críticas unánimes de la oposición, que considera que el proyecto rezuma un afán "innecesario" de controlar y limitar la actividad de las comunidades autónomas en el exterior.

Ante el Pleno de la Cámara Baja, el ministro se ofreció a "mejorar" la ley en el trámite parlamentario. Desde que presentara el primer texto ante el Consejo de Ministros, García-Margallo ha insistido en que, con esta ley, su objetivo es "poner un cierto orden" para que la acción exterior "suene como una orquesta afinada".

Para "poner énfasis en su participación"

Ahora, entre una serie de enmiendas que incorporan "mejoras técnicas" al texto, el Grupo Parlamentario Popular ha introducido una con la que pretende "poner énfasis en la participación de las comunidades autónomas" en el proceso de designación de embajadores.

En concreto, las comunidades autonómas y los organismos que de ellas dependan podrán participar en la elaboración de una carta de instrucciones que se entregará a cada embajador cuando sea nombrado, aportando información sobre los fines, objetivos y directrices de la Acción Exterior del Estado.

Esta carta incluirá también las directrices del Gobierno, fines y objetivos de la Política Exterior hacia el país u organización internacional de acreditación. Todo de conformidad con la Estrategia de Acción Exterior.

El pasado martes, la Ley de Acción Exterior pasó su primer examen, gracias a los votos del PP, que sólo sumó al diputado de UPN, Carlos Salvador. El Pleno de la Cámara rechazó así obligar al Ejecutivo a retirar el proyecto de ley y presentar otro, como habían solicitado PSOE, los nacionalistas de CiU, PNV y BNG, los independentistas de Esquerra y Amaiur y el grupo de la Izquierda Plural. UPyD, por su parte, se abstuvo.