EQUO Cantabria ha considerado una "vergüenza democrática" que el presidente regional, Ignacio Diego, mantenga la "farsa" de su oposición al fracking, cuando sus compañeros de partido, los diputados y senadores del PP por Cantabria, "están trabajando abiertamente a favor de los intereses de las empresas que impulsan la técnica de la fractura hidráulica en nuestra comunidad autónoma".

El coportavoz del partido ecologista, Raúl Reyes, ha apuntado en un comunicado que los cuatro senadores por Cantabria que han apoyado la implantación del fracking en toda España, Gonzalo Piñeiro, José Luis Vallines, Encarnación Salmón y Tamara González, "no han actuado como representantes de su circunscripción electoral, sino como paladines de los intereses de su propio partido y de las empresas energéticas".

Reyes ha opinado que el PP "está escribiendo un tratado de actitudes antidemocráticas, mintiendo a sus electores y representados, utilizando una ley dirigida a garantizar el suministro eléctrico para imponer el uso del fracking sin ningún tipo de debate, y modificando a la carta la legislación en materia de evaluación ambiental para rebajar las exigencias a las empresas promotoras".

Por todos estos motivos, EQUO ha invitado a todos los cántabros a que "den la espalda a las mentiras del presidente Diego" y a que apoyen este sábado, 19 de octubre, los actos del Día Internacional contra la Fractura Hidráulica, que en Cantabria culminarán con una gran concentración en la plaza del Ayuntamiento de Santander a partir de las 18.00 horas.

Anteproyecto de ley de evaluación ambiental

Por su parte, la coportavoz de EQUO Cantabria, Elisabeth Andrés, ha considerado "muy grave" que el Gobierno de Rajoy y los diputados del PP estén impulsando una Ley de Evaluación Ambiental "que supone un gigantesco salto atrás en la protección preventiva del medio ambiente".

Entre los elementos que está introduciendo el PP para "devaluar" la eficacia de las evaluaciones ambientales cabe destacar, según Andrés, que el anteproyecto de Ley "busca reducir el plazo para realizar una evaluación ordinaria a cuatro meses con el pretexto de agilizar los procedimientos administrativos, cuando la experiencia indica que es un período de tiempo absolutamente insuficiente para llevar a cabo un buen trabajo y pondría en riesgo la calidad de los informes".

"Para colmo, el Gobierno Rajoy pretende dejar una puerta abierta a que la arbitrariedad política esté por encima de los informes técnicos" y, para ello, contempla la posibilidad de modificación sobrevenida de una declaración de impacto ambiental "cuando se considere que el cumplimiento del condicionado resulte imposible", ha concluido la coportavoz del partido verde cántabro.