El Partido Popular andaluz ha responsabilizado este lunes a la Junta de Andalucía de las posibles prescripciones de delitos que se puedan producir en el caso de las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración autonómica al considerar que desde que se inició la investigación judicial "se ha dedicado a poner tantas chinitas en el camino y a ralentizar todo el proceso".

Así ha contestado a los medios de comunicación que, en rueda de prensa, le han preguntado por el auto que dictó la juez Mercedes Alaya el pasado 4 de octubre pidiendo a la Fiscalía Anticorrupción que le informara sobre la posible prescripción de delitos en este caso.

Según Sanz, que ha querido dejar claro que el PP-A desconoce si van a prescribir o no delitos, lo cierto es que "seguramente, si la Junta no se hubiera dedicado" a "obstaculizar" la instrucción judicial, "seguramente ahora no estaríamos hablando del riesgo de que prescriban ciertos delitos".

"Me parece muy curioso y sorprendente que precisamente los mismos que ahora piden celeridad sean los que vienen obstaculizando desde el primer momento la investigación judicial, los que no quisieron poner a disposición de la juez las actas de los Consejos de Gobierno o incluso quienes promovieron la recusación de la juez", ha apostillado al respecto.

En esa línea, el 'número dos' del PP-A ha insistido en que "ahora no estaríamos hablando de nada de esto si la Junta de Andalucía y el PSOE-A hubieran tenido una actitud positiva y colaboradora con la justicia" desde que comenzara la instrucción del caso.