El Ayuntamiento, aconsejado por sus servicios jurídicos, no recurrirá la suspensión de las multas  interpuestas a la constructora Arenal 2000, propiedad de Rafael Gómez, por orden del juzgado de lo Contencioso nº1 de Córdoba.
Desde el Ayuntamiento se recuerda que se trata de una suspensión «y no una anulación». Además, comparte los criterios del juez debido a la situación actual que está atravesando la empresa cordobesa, ya que cabe recordar que Gómez está imputado en la Operación Malaya por un delito de cohecho y el pago de las multas «podría afectar al normal desenvolvimiento del giro o tráfico de la empresa», según recoge la sentencia.