La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita penas por unos 50 años de prisión para nueve acusados del caso Almazaras de Priego de Córdoba —respecto a la querella matriz—, donde se vieron afectadas unas 2.000 familias por la compraventa de aceite de oliva con contratos "ficticios" en la campaña 2004/2005, todo ello por la supuesta comisión de delitos de apropiación indebida, uso de documento mercantil falso y delito societario. El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Córdoba en los próximos meses.

Así se recoge en la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, que detalla que los procesados son el exgerente de Almazaras de Priego P.J.Q.C., el exsecretario N.R.J., el presidente F.J.V. y el tesorero A.P.T.; los interventores A.G.P. y M.M.S.; el representante de Jaraoliva y autor de los contratos formalizados entre Jaraoliva y la cooperativa Almazaras de Priego, J.P.P.; el representante legal de Baldomero Ruiz CB y comisionista, B.R.M., y el exdirector de la Caja Rural de Córdoba en Fuente Tójar F.M.M.A..

En cuanto a las indemnizaciones y la responsabilidad civil, la Fiscalía ha reclamado en torno a los diez millones de euros para los afectados de Almazaras, "en concepto de los perjuicios ocasionados como consecuencia de la ilícita contabilidad llevaba a cabo".

Además, pide para cada una de las sociedades cooperativas de Primer Grado que la integran que indemnicen a la Sociedad Cooperativa Andaluza Almazara San Agustín de Fuente Tójar, con 1.438.283 euros; a la Olivarera Nuestra Señora de la Cabeza, Sociedad Cooperativa Andaluza de El Cañuelo, con 729.577 euros; a la Olivarera Nuestra Señora del Carmen Sociedad Cooperativa Andaluza de Zamoranos, con 878.646 euros; a la Sociedad Cooperativa Andaluza Olivarera La Purísima, con 2.759.349 euros, y a la Olivarera Nuestra Señora del Carmen de Almedinilla, con 3.083.887 euros.

Estas cantidades son en concepto igualmente de "los perjuicios que le fueron a éstas ocasionados, asimismo por la ilícita contabilidad llevaba a cabo, al no habérseles liquidado el aceite que las mismas aportaron a dicha entidad en la campaña 2004-2005", todo ello con motivo de "la ilícita contabilidad".

Al respecto, la acusación popular, representada por la Asociación 'Almazeite', ha solicitado un total de 62 años de prisión, en este caso para diez acusados por la supuesta comisión de delitos de estafa con los citados contratos y delitos societarios, con el presunto "falseamiento de las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica y económica de la entidad, para causar un perjuicio económico a la misma, alguno de sus socios o a terceros".