El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, ha advertido este lunes de que "aplicar el principio de ordinalidad" en la financiación autonómica, como plantean la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, o el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "equivale a cambiar el concepto de igualdad consagrado en la Constitución".

Sánchez Maldonado se ha pronunciado de este modo en rueda de prensa en el Palacio de San Telmo tras participar, junto a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en una reunión con una delegación de empresarios andaluces encabezada por el presidente de la patronal, Santiago Herrero, para abordar la redefinición del modelo productivo de la comunidad.

Ante la propuesta de la presidenta del PP catalán sobre la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación "que no altere la ordinalidad en la distribución de los recursos públicos entre los distintos territorios", que le ha causado "sorpresa", el titular andaluz de Economía ha querido dejar claro que "respetar la ordinalidad no significa nada más que querer imponer por la puerta de atrás un concepto de igualdad diferente al consagrado en la Constitución, que sólo admite la excepción del País Vasco y Navarra, que por acuerdos constitucionales están exentos de contribuir a la solidaridad interterritorial".

En su opinión, "aplicar el principio de ordinalidad en nuestro país equivale a cambiar el concepto de igualdad consagrado en la Constitución", ya que ha indicado que "el resultado de la política de solidaridad en este país es el que determina la apliación de este concepto recogido en los artículos 31.1 y 31.2 de la Constitución", que establecen que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad" y que "el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía".

Tras subrayar que la Constitución deja claro que la distribución debe realizarse "de manera equitativa entre los individuos que viven en el país con independencia de su lugar de residencia y nacimiento", Sánchez Maldonado ha indicado que "indudablemente en un país en el que la renta está distribuida desigualmente entre las distintas regiones la aplicación de este principio va a provocar que determinadas regiones presenten un déficit fiscal, las ricas, y otra presenten superávit fiscal, las pobres".

"Ocurre igual que a nivel individual, el señor Botín presenta un déficit fiscal muy grande a diferencia de otra persona que gane 25.000 euros al año, que tendría superávit, pero eso no implica que haya que aplicar un principio de ordinalidad en la renta que haga que el señor Botín participe en menor medida de la financiación del sector público de España o que el otro lo haga en mayor medida", ha explicado el consejero, que ha apuntado que "si todos los territorios tuviéramos el mismo nivel de renta no habría déficit ni superávit fiscales y las balanzas fiscales de todas las regiones estarían totalmente equilibradas".