El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada acoge este viernes la declaración de dos representantes de Caja Rural por su presunta implicación en la operación urbanística relacionada con la urbanización del Cerrillo de Maracena, por la que el Ayuntamiento de Granada aceptó saldar una deuda de 8,2 millones de euros a dos promotores, a cambio del porcentaje en una parcela, lo que podría haber conllevado un "menoscabo" al patrimonio municipal, según la denuncia que presentó por este asunto el PSOE.

La comparecencia se produce después de la del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, imputado por posible prevaricación, y del promotor inmobiliario José Julián Romero, que declararon el pasado 10 de septiembre en el Juzgado. La representante legal de Comarex, también citada esa misma fecha, se negó a comparecer, mientras que otro de los imputados, de otra promotora, lo hizo el pasado 3 de septiembre mediante exhorto en Madrid.

El alcalde defendió entonces la legalidad de su actuación y acusó al PSOE, que denunció el asunto, de hacer un "montaje" para desprestigiarlo en la política y "tener titulares de prensa". "Yo estoy muy tranquilo, y trabajo para defender los intereses de Granada, otros están para intentar ganar las elecciones en los juzgados", dijo en declaraciones a los periodistas a la salida del Juzgado.

Torres Hurtado incidió en que la querella de los socialistas no incluyó toda la documentación sobre esta operación que, según afirmó, estuvo avalada por los técnicos y fue aprobada en el pleno, añadiendo que el Ayuntamiento "sí ha cobrado" porque tiene ese dinero "en un suelo, el 14,5 de una parcela, en una de las mejores zonas de la ciudad".

Por su parte, el promotor José Julián Romero, de la promotora JJ Consulting, dijo ante el juez sentirse una "víctima" de la gestión del Ayuntamiento de Granada en este asunto, aunque también apuntó la legalidad de la operación. De hecho, según señaló, lo irregular fue la deuda, que se remonta a 2005, siendo concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García-Royo (PP), quien, según el empresario les habría impuesto unas condiciones para el desarrollo del sector urbanístico que eran "un abuso".