El PP de Córdoba ha reprochado a la Junta de Andalucía las "nuevas trabas administrativas impuestas" a los centros educativos concertados de la provincia cordobesa, "con el único objetivo de acabar con la autonomía de gestión y organización de estos centros".

Así lo han afirmado este jueves en rueda de prensa la coordinadora de Educación del PP de Córdoba, Luisa María Arcas, y la parlamentaria andaluza del PP esta provincia, Rafaela Obrero, tras mantener un encuentro con Escuelas Católicas, la FAPA Concertada y CECE.

Según el PP, lo ocurrido es que, "a diferencia de los centros públicos, la Junta de Andalucía hizo llegar a los centros concertados cordobeses el pasado 12 de septiembre -con el curso ya iniciado- nuevas instrucciones relativas al portal informático Séneca para la gestión administrativa de centros educativos".

En concreto, la Junta "ha obligado a los centros concertados a grabar las horas del profesorado en el portal Séneca, provocando que haya 2.800 docentes de la provincia de Córdoba sin cobrar su nómina debido a los retrasos administrativos que ha provocado este cambio de última hora de la Junta", según ha afirmado Arcas.

Además, la Junta de Andalucía reclama ahora los datos correspondientes a los servicios complementarios educativos -aula matinal, comedores escolares, actividades extraescolares y ludoteca-, "a pesar de que la Junta no aporta ni un euro para estos servicios".

Esto "solo responde a un gobierno andaluz totalmente radicalizado y cínico" ya que, según ha apuntado Obrero, "fue Felipe González quien impulsó y aprobó la Ley que implantó la doble red de concertados y públicos sostenida por el Estado, para universalizar la educación básica". Por ello, desde el PP se reprocha al Gobierno andaluz "el ataque frontal que sufre actualmente la educación concertada" y ha manifestado el apoyo a la "libertad de los padres de elección de centro", ya que "los centros concertados son tan necesarios como los públicos".

Esta estrategia de la Administración autonómica pone de manifiesto que "la Junta de Andalucía quiere destruir la escuela concertada" pero, sin embargo, "no ofrece un plan que asegure la viabilidad del sistema educativo actual y dé acogida a los alumnos andaluces".

Ante esta situación, desde el PP de Córdoba se ha pedido a la delegada de Educación de la Junta en Córdoba "que abandone esta actitud sesgada y caprichosa". Junto a ello, el PP presentará por escrito una pregunta al consejero de Educación, Luciano Alonso, "para que explique qué está pasando en las demás provincias y que abandone el ataque frontal a los centros concertados".