Uno de los acusados en el juicio por el asesinato de un hombre, cuyo cuerpo descuartizado fue hallado en bolsas de basura en octubre de 2007, sostiene que el presunto líder del clan Jodorovich fue quién disparó el arma y quién ordenó al resto de procesados desmembrar el cadáver.

Así consta en el escrito de defensa de Antonio Iglesias N., cuyo contenido se ha leído en la sala al inicio de la vista oral tras la selección del Jurado Popular. Mañana comenzarán los interrogatorios a los siete acusados, entre ellos al considerado por el fiscal jefe del grupo, Joaquín F.M.

Antes de que comenzará la selección de los miembros del Jurado Popular, el abogado de Joaquín, Carlos Orbañanos, ha avanzado que pedirá la libre absolución de su cliente al asegurar que "no pagó a nadie" para llevar a cabo el asesinato y que "no participó" en el crimen.

En la sesión de este martes solo se han leído las conclusiones provisionales de las partes, entre ellos la del fiscal y la de las defensas de los acusados. Todos ellos expresan en los escritos su disconformidad con los hechos que se les imputa, salvo uno.

Antonio Iglesias, a través del texto redactado por su abogado, asegura que fue "reclutado mediante amenazas" por Joaquín y que fue a un piso de Vallecas, en compañía del resto de encausados, donde se habían citado con la víctima.

"Vio cómo le tiraron al sofá y le dieron puñetazos, momento en el que Joaquín sacó un arma que no sabían que llevaba y disparó. El resto no lo esperaba", señala el texto. Tras ello, éste les ordenó abandonar el piso. Una vez que estaban reunidos en un establecimiento de comida rápida, les ordenó desmembrar el cádaver, a lo que Antonio se negó.

En el escrito, se solicita que se le aplique la eximente incompleta por adicción y miedo insuperable. Este acusado se encuentra en libertad, junto con otro de los procesados. El resto está encarcelado.

Los procesados se sientan en el banquillo de los acusados por un delito de asesinato alevoso y por tenencia de armas de fuego. Se enfrentan por el primer delito a 24 años de cárcel y por el segundo, a dos años de prisión.

Según el fiscal, los acusados se pusieron de acuerdo en octubre de 2007 para matar a un colombiano de 31 años, R.H.M, planeando llevarle a una vivienda para asesinarle a tiros con su propia pistola.

Para ello, dos de los acusados se pusieron en contacto con el líder para que se trasladara a Madrid para el desarrollo del plan. A su llegada, contrataron a varias personas, quienes contactarían con la víctima en la tarde del 20 de octubre de 2007.

El asesinato se produjo a tiros en una vivienda situada en la calle Juan portas. Tras ello, los procesados procedieron a desmembrar el cuerpo de la víctima y a descuartizarlo para meterlo en bolsas separadas. Los restos se hallaron en una zona boscosa de San Martín de Valdeiglesias.