Pleno extraordinario este viernes en Alcalá para revisar el plan de ajuste

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), gobernado por Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), celebra este viernes un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: la "revisión" del plan de ajuste aprobado el año pasado por la Administración local alcalareña para adherirse al real decreto Ley 4/2012, promovido por el Gobierno central del popular Mariano Rajoy para habilitar vías de endeudamiento a fin de que las administraciones saldasen deudas con sus proveedores a cambio de sacrificios económicos.
Antonio Gutiérrez Limones, Alcalde de Alcalá de Guadaira
Antonio Gutiérrez Limones, Alcalde de Alcalá de Guadaira
EUROPA PRESS
Antonio Gutiérrez Limones, Alcalde de Alcalá de Guadaira

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), gobernado por Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), celebra este viernes un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: la "revisión" del plan de ajuste aprobado el año pasado por la Administración local alcalareña para adherirse al real decreto Ley 4/2012, promovido por el Gobierno central del popular Mariano Rajoy para habilitar vías de endeudamiento a fin de que las administraciones saldasen deudas con sus proveedores a cambio de sacrificios económicos.

Este pleno extraordinario, de hecho, surge después de que el Gobierno central haya aprobado un nuevo real decreto Ley en la materia, titulado en concreto como decreto de "medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros".

El mencionado plan de ajuste pretendía ahorrar 12 millones de euros en 2012 mediante un aumento de ingresos a través de un incremento de impuestos como el impuesto sobre bienes e inmuebles (IBI) y una reestructuración de las sociedades municipales. El gobierno municipal socialista, que no goza ya de mayoría absoluta y depende del voto de la oposición, ha defendido que "esta revisión "debe realizarse mañana, ya que es el último día y los tiempos los ha marcado el Gobierno de la Nación y no el Gobierno de Alcalá".

"Si no lo hacemos, repercutirá negativamente en los proveedores del Ayuntamiento", señala el Gobierno municipal socialista, que teme el voto contrario de las fuerzas de oposición.

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