La luz al final del túnel está cerca. Eso al menos cree el Gobierno, o más exactamente el grupo parlamentario del PP en el Congreso, que habla de la "esperada reactivación paulatina" del sector inmobiliario. El Ejecutivo quiere aprovechar esa hipotética reactivación para mejorar las viviendas porque ofrece una "excelente" oportunidad para iniciar el proceso de activación de las garantías para el ciudadano que adquiera cualquier tipo de inmueble.

La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ha acordado iniciar los estudios jurídicos, técnicos y económicos para impulsar, tan pronto como sea posible, medidas normativas que garanticen y mejoren la calidad de los edificios de nueva construcción o la rehabilitación de edificaciones existentes.

En una proposición no de ley debatida en la Comisión, el grupo parlamentario popular solicitaba implementar la obligatoriedad de suscribir las garantías previstas en la Ley de Ordenación de la Edificación y la extensión de las garantías reguladas a toda clase de edificaciones.

El PP recuerda que la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) prevé ampliar la protección a todos los daños y a todas las tipologías edificatorias, y extender los beneficios de las garantías al grueso de los daños que afectan a los edificios y que soportan empresarios, autónomos y profesionales que invierten en un local y que no pueden contratar un seguro de daños a la edificación.

La ley pretende que las actividades comerciales o industriales puedan contar, al igual que la vivienda, con la protección de un seguro de daños para garantizar la correcta ejecución de las edificaciones. En la proposición no de ley, el PP considera que el sector asegurador está en plena disposición para ofrecer esta clase de garantías a toda clase de edificaciones, incluyendo los seguros de daños materiales que amparen los defectos de habitabilidad e instalaciones.

En opinión del PP, el Seguro Decenal de daños, que garantiza las responsabilidades de los agentes de la edificación por daños materiales causados por defectos que afecten a la resistencia mecánica o estabilidad del edificio, ha contribuido a desarrollar un sector más personalizado sin que se haya percibido un incremento "sensible" del costo de la vivienda.

Por ello, el PP cree que un Seguro Trienal puede contribuir a mejorar la calidad de la edificación en aspectos relacionados con la habitabilidad y acabados de los edificios de la misma forma que el Seguro Decenal lo ha hecho en relación con los problemas estructurales y de cimentación.

Para el portavoz popular en la comisión, Andrés Ayala, el objetivo de esta proposición es reducir el coste de la falta de calidad, que en España se sitúa en el 15%. Un porcentaje que ha calificado de insostenible, especialmente en un contexto como el actual.