La Junta de Andalucía ampliará los requisitos para medir la capacidad económica de los solicitantes de ayudas públicas de modo que, además del nivel de ingresos por renta, también ponderará el patrimonio neto del posible beneficiario de las mismas. Se pretende así "evitar el fraude social" y "ajustar" estos procedimientos para que "quienes tengan más, contribuyan en mayor medida a las arcas públicas".

Así lo ha anunciado la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que este martes ha dado luz verde al anteproyecto de Ley sobre el Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas contra el Fraude Fiscal que incluye esta medida y cuyos objetivos son garantizar el acceso a las ayudas públicas "de las personas que realmente lo necesiten" e intensificar la lucha contra las irregularidades tributarias.

Según Montero, se trata de "favorecer la igualdad de oportunidades en función de los bienes que uno tiene y las necesidades que presenta", de ahí que esta iniciativa —prevista en el Acuerdo por Andalucía consensuado por PSOE e IULV-CA para esta legislatura— contenga dos títulos: uno relativo a los requisitos para el acceso a los beneficios públicos de Andalucía (becas, ayudas al alquiler, bonificaciones de servicios extraescolares, etc...) y otro a las medidas de control "adicional" para evitar el fraude fiscal.

La consejera, que ha querido precisar que "esta ley no crea ni elimina ningún tributo ni modifica ningún impuesto", ha explicado que, hasta la fecha, muchos de los beneficios públicos de la comunidad se conceden a través de un baremo donde "la parte fundamental son los ingresos y la renta familiar", algo que no siempre da fe de la realidad de la situación económica de los solicitantes, que pueden tener también "patrimonio o tierras" que ahora no se ponderan.

"Nos referimos a los casos típico de poca renta pero mucho patrimonio y que se conocen bien, sobre todo, en los pueblos de Andalucía", ha ejemplificado Montero, quien ha remitido al "posterior desarrollo normativo" de esta ley para conocer el detalle de cuánto ponderará la renta y cuánto las segundas residencias, los valores de renta fija o variable u otros instrumentos financieros en el acceso a las ayudas públicas.

Tras precisar que no se considerará la vivienda habitual de la familia como patrimonio a valorar, ha advertido de que la "tergiversación" de los datos de la renta o el patrimonio por parte de los solicitantes dará lugar a sanciones que oscilarán entre los 75 y 6.000 euros, según establece ya la Ley General de Subvenciones, a la que remite esta iniciativa a la hora de imponer multas. También se podrá exigir la devolución de la ayuda recibida indebidamente, impedir que se pueda concurrir a nuevas subvenciones, contratar con las administraciones públicas o de actuar como organismo colaborador de las mismas en plazos de 1 a 5 años.

Las causas por las que se puede perder la condición de beneficiario de una ayuda pública, que no se podrán aplicar con carácter retroactivo, son

falsear las condiciones requeridas u ocultar datos e incumplir la actividad para la que se concedió.

El Gobierno andaluz cree que, con la incorporación de los requisitos relativos al patrimonio en el acceso a los beneficios públicos, se "garantiza" que las ayudas llegan "a las personas que de verdad las necesitan" y, además, se detecta "más fácilmente la ocultación de rentas y evasión de impuestos".

Montero también ha destacado que con esta ley la Junta tendrá "mayor capacidad" para aplicar sanciones a quienes cometan fraude fiscal aunque el objetivo de la misma no es "conseguir ingresos extras" sino "evitar situaciones de injusticia social".

La Junta prevé que este anteproyecto de Ley pueda llevarse al Parlamento en un plazo de "seis o siete meses", toda vez que, con carácter previo, se haya dado trámite de audiencia a sectores implicados como pueden ser notarios o registradores de la propiedad.

Aún así, el Gobierno andaluz va a dar un "plazo máximo" de un año a todas las Consejerías y departamentos del Ejecutivo para que puedan poner en marcha estas medidas y modificar o incorporar los "preceptos" que sean necesarios en sus respectivas solicitudes de ayudas públicas. La Junta piensa, sobre todo, en las ayudas que tramitará la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y que suelen coincidir con el calendario escolar.

Prevé un ahorro de casi 40

Millones de euros

La futura Ley sobre el Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas contra el Fraude Fiscal viene a complementar el plan de intensificación de la lucha contra el fraude aprobado hace un año por el Ejecutivo autonómico y que, hasta el momento, según ha indicado Montero, ha supuesto un ahorro a las arcas públicas de "entre 200 y 220 millones de euros", según los "resultados preliminares" de la evaluación de dicho plan.

A ello habrá que añadir los resultados de estas nuevas medidas, que la consejera se ha atrevido a cifrar con "mucha prudencia" en unos "30 o 40 millones de euros" desde su puesta en marcha.

De entre ellas, ha destacado que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se combatirá el fraude relacionado con la donación de dinero de padres a hijos para la compra de vivienda habitual, ya que se ha detectado que, en ocasiones, "encubre la transmisión de la vivienda del propio ascendiente" para eludir el Impuesto de Sucesiones.

En otras ocasiones, tal y como ha señalado la consejera, se trata de una "mera operación especulativa, procediéndose rápidamente a la venta de la vivienda adquirida". Por ello, ahora se exigirá que el inmueble adquirido sea la vivienda habitual del donatario durante al menos tres años. Además, para evitar que se falsee artificialmente el precio de venta, con objeto de que esté comprendido en los límites de la deducción (inferior a 130.000 euros o 180.000 euros en el caso de personas con discapacidad), se tendrá en cuenta el valor real, con independencia del valor de venta.

Fraudes en donaciones

También se han detectado fraudes en la donación de dinero a familiares para la constitución de empresas o negocios (beneficiado con una reducción de la base imponible del impuesto para incentivar la creación de empleo en Andalucía) ya que, tras la operación, se transmite la empresa o se traslada fuera de la comunidad. Para evitarlo, se exigirá la permanencia del domicilio en Andalucía por los siguientes cinco años o la imposibilidad de que se venda parte de ésta.

En la modalidad de Sucesiones, se incrementa la capacidad de la administración para acceder a los movimientos bancarios de los herederos ya que, en casos de fallecimiento previsible con anterioridad, se han detectado operaciones o movimientos en los depósitos bancarios con objeto de eludir el pago de ese impuesto. Ahora, la persona beneficiaria tendrá que aportar una acreditación emitida por la entidad financiera en la que aparezca el saldo en el momento de fallecimiento, pero también los movimientos efectuados en el plazo de un año previo a esta situación, así como el número de titulares de la cuenta.

En Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales, se computará el valor de la vivienda y el de los trasteros y garajes para comprobar que su valor no sobrepase los límites para beneficiarse de las bonificaciones previstas. También se establecen nuevas obligaciones formales de suministro de información para un mejor control en la compraventa de oro y metales preciosos. Para evitar que se eluda el pago de impuestos relacionados con las concesiones de las administraciones, éstas estarán obligadas a comunicar a la Agencia Tributaria de Andalucía cada trimestre todas las concesiones otorgadas y los datos de los adjudicatarios de los servicios. Por otra parte, la norma excluye el pago en metálico de transmisiones, adquisiciones o donaciones.