La Junta de Andalucía ampliará los requisitos para medir la capacidad económica de los beneficiarios de ayudas públicas de modo que, además del nivel de ingresos por renta, también ponderará el patrimonio neto del solicitante de la ayuda. Se pretende así "evitar el fraude social" y que "quienes tengan más, contribuyan en mayor medida a las arcas públicas".

Así lo ha anunciado la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que este martes ha dado luz verde al anteproyecto de Ley sobre el Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas contra el Fraude Fiscal, cuyos objetivos son garantizar el acceso a las ayudas públicas "de las personas que realmente lo necesiten" e intensificar la lucha contra las irregularidades tributarias.

Este anteproyecto, previsto en el Acuerdo por Andalucía consensuado por PSOE e IULV-CA, prevé sanciones que oscilan entre los 75 y 6.000 euros para aquellas personas que cometan este tipo de "fraude social". La cuantía dependerá de la tipificación (leve, grave o muy grave) que se haga de las "tergiversaciones" que los solicitantes realicen en el acceso a los beneficios públicos de Andalucía.