El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha rechazado este martes la denuncia presentada por el administrador de Gescartera, Aníbal Sardón, contra España y ha dictaminado que el Estado español no vulneró su derecho a un juicio justo.

Sardón fue condenado por la Audiencia Nacional en 2008 por alzamiento de bienes y apropiación indebida de fondos en Gescartera a 9 años de cárcel y a pagar, solidariamente con el esto de culpables, una compensación de 88.000 euros. El Tribunal Supremo anuló en 2009 la pena de cárcel pero mantuvo la sanción de 88.000 euros.

El administrador de Gescartera recurrió la decisión del Supremo ante el Constitucional y, al declararse su petición inadmisible, decidió acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Alegaba que la sentencia del Supremo fue injusta porque le declaró responsable como beneficiario económico del resultado de un delito del que nunca había sido acusado formalmente.

Sardón también afirmaba que el Tribunal Supremo había interpretado erróneamente la legislación nacional en materia de responsabilidad civil y que ni el Supremo ni el Constitucional habían proporcionado una motivación suficiente de sus decisiones.

En su sentencia de este martes, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo rechaza los argumentos del demandante y considera que la interpretación del Supremo de la legislación de responsabilidad civil "no puede considerarse poco razonable o arbitraria". Por ello, dictamina que "no hubo violación del derecho a un juicio justo".

La intervención de Gescartera por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tuvo lugar en junio de 2001, ante sospechas de malas prácticas y ausencia de información real sobre su situación. El escándalo alcanzó al entonces secretario de Estado de Hacienda bajo el Gobierno del Partido Popular y hermano de la presidenta de Gescartera, Enrique Giménez Reyna, así como a la entonces presidenta de la CNMV, Pilar Valiente. Ambos dimitieron.