El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una actuación de oficio dirigida a la Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias, dependiente de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, para analizar los servicios para drogodependientes a partir de ajustes anunciados en las subvenciones.

En dicha actuación, consultada por Europa Press, la Defensoría explica que ha tenido información del Ayuntamiento de Sevilla, junto a otros municipios, en la que se pone de manifiesto la situación de los centros de día incluidos en la Red de Atención a las Drogodependencias y Adicciones, "ya que el pasado año se vieron afectados por su reducción o desaparición los centros pertenecientes a entidades sociales".

Según explica la Oficina, en el caso del Ayuntamiento de Sevilla se recoge en un escrito presentado ante la propia Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, que "se ha reducido un 13 por ciento la cuantía percibida en ejercicios anteriores, lo que había obligado a una mayor aportación para seguir manteniendo la calidad del servicio que se presta desde esos Centros".

Asimismo, señala que "la prórroga de los convenios son anuales, y se realizan en el primer trimestre del año. Si la cuantía solicitada por el Ayuntamiento para mantener los mismo servicios, en el periodo de abril a diciembre, fue de 99.6476,50 euros, en la notificación recibida ésta asciende a 83.092,50 euros para estos últimos nueve meses".

No obstante, "la mayor preocupación" se produce en relación a la cuantía asignada para el año 2014, que deben conocer antes de la finalización del acuerdo en vigor y antes de finalizado el presente ejercicio presupuestario. "De no aclararse esta situación es previsible que los centros de día de Sevilla capital podrían verse en peligro y correr la misma suerte que los centros anteriormente referidos", indica.

Ante estos hechos, la Institución precisa que "conscientes de que la situación de crisis puede llevar a la reducción de dichos servicios", lo que puede suponer la "vulneración" del artículo 22.3 del Estatuto de Andalucía, considerando esta población grupo de riesgo, es por lo que, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora, se incoa investigación de oficio "para conocer las previsiones que a corto y medio plazo tiene la Consejería con relación a los Servicios de Atención a las Adicciones en nuestra Comunidad Autónoma, y de forma más específica en el caso de los centros de día".