Un juez peruano ordenó el embargo de los bienes y cuentas bancarias del ex presidente peruano Alberto Fujimori para asegurar el pago de una reparación civil por la matanza de 41 presos acusados de terrorismo en 1992, informó el miércoles el diario "La República".

El monto fijado por el juez Omar Pimentel equivale a 728.000 euros (940.000 dólares, 3 millones de soles), aunque podría aumentar si la Procuraduría demuestra que las acciones de Fujimori generaron un perjuicio al Estado peruano.

Pimentel también notificó a organismos públicos y entidades financieras que deben informar sobre las cuentas de ahorros, acciones y bienes registrados a nombre del ex presidente peruano (1990-2000).

El 6 de mayo de 1992, el gobierno de Fujimori ordenó el traslado de cien presas acusadas de terrorismo desde el penal Miguel Castro Castro a una cárcel de mujeres, lo que originó un supuesto motín.

Tres días después, fuerzas especiales de la Policía y el Ejército asaltaron con granadas, explosivos y disparos el pabellón, supuestamente bajo la supervisión de Fujimori, donde estaban recluidos algunos dirigentes de Sendero Luminoso y varios acusados por terrorismo.

Informes forenses determinaron que muchos de los 41 reclusos fueron ejecutados extrajudicialmente, con balazos en la cabeza.

Más de cien testimonios

El juez Pimentel concluyó recientemente las investigaciones sobre el caso, tras recibir más de 100 testimonios de policías e internos que presenciaron el operativo denominado "Mudanza 1"."Un testigo que todavía no se ha identificado judicialmente ha declarado que Fujimori estuvo presente en estos eventos, en una torre de este penal", afirmó Rojas.

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en diciembre al Estado peruano por dicha matanza y solicitó el pago de indemnizaciones por unos 20 millones de dólares (15,5 millones de euros) así como realizar un acto público en desagravio a las víctimas.

El juez envió la semana pasada el expediente a la Segunda Fiscalía Supraprovincial para que evalúe si se inicia un juicio público o se amplían las investigaciones, agregó el rotativo peruano.