El servicio público de salud de Castilla y León (Sacyl) habrá de indemnizar con más de 121.000 euros a un paciente que fue desahuciado en 2007 sobre la base de pruebas médicas equivocadas y quien tuvo que acudir a la medicina privada en busca de un tratamiento que le habían negado.

Así lo determina una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Valladolid, en la que estima la demanda interpuesta por la Asociación Víctimas de Negligencias Sanitarias (Avinesa) al constatar que los facultativos de Sacyl desahuciaron indebidamente al paciente sobre la base de unas pruebas médicas equivocadas, lo que le obligó a recurrir a la medicina privada, en la que fue sometido, con éxito, a un trasplante procedente de un donante vivo.

Se trata de un varón de 55 años que necesitaba un trasplante hepático que le fue negado en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid al no cumplir, supuestamente, los criterios objetivos para tal fin—criterios de Milén y Barcelona—, según informaron a Europa Press fuentes de Avinesa.

Sin embargo, una vez en la Clínica Universitaria de Navarra el paciente fue estudiado en profundidad concluyendo los doctores que sí cumplía los requisitos exigidos y, por tanto, era posible un tratamiento curativo que finalmente fue realizado y que ha permitido al afectado seguir con vida.

En este sentido, la presidenta de Avinesa, María Antonio Moral, ha aprovechado para alertar sobre las prácticas que en muchos hospitales públicos se están llevando a cabo con un fin de ahorro de costes, obligando a los pacientes a "buscarse la vida" y luego tener que reclamar, con el consiguiente esfuerzo económico y psicológico que ello supone.