La Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla ha solicitado la declaración como imputado del exprimer teniente de alcalde y actual concejal de IU en el Ayuntamiento Antonio Rodrigo Torrijos en la causa donde un juez investiga las supuestas irregularidades en torno a la gestión de la extinta 'Fundación DeSevilla', pues considera que la "utilizó" "para atenciones y finalidades bien particulares, bien partidistas".

En el escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público dice que, en este procedimiento, "puede colegirse con carácter de probabilidad o verosimilitud" que la Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación de Sevilla "fue utilizada por sus gestores, tanto ejecutivos como políticos, para servirse de la misma para atenciones y finalidades bien particulares, bien partidistas".

Y todo ello, "desviándose de los fines para los que las subvenciones fueron concedidos", añade la Fiscalía, que asegura que "en este contexto resulta clave y esencial la persona" de Torrijos "como delegado de Relaciones Institucionales", ya que "tiene una participación directa en la firma del convenio que sustenta el expediente 98/08 y conocimiento pormenorizado del devenir económico y circunstancias de la fundación".

En este sentido, asevera que esta "participación directa" tuvo lugar "hasta el acto final de la supuesta compensación de las cantidades que no se han justificado por la fundación y sobre las que, sin embargo, ni se ha iniciado expediente de reintegro o investigación alguna".

De este modo, la Fiscalía de Delitos Económicos se ha adherido a la petición realizada por los actuales responsables de la fundación, designados por el gobierno municipal del PP al tomar el control del Ayuntamiento en 2011, quienes ya habían solicitado al juez que citara a declarar como imputado a Torrijos.

Las fuentes consultadas han explicado que el Ministerio Público considera que existen indicios para citar a declarar a Torrijos como imputado, máxime después de la declaración prestada en junio por Carlos Vázquez, imputado en esta causa, secretario provincial del PCA y delegado no electo de Economía y Empleo del Ayuntamiento durante el anterior mandato.

Durante su declaración, Vázquez atribuyó al propio Ayuntamiento el "desbarajuste" de la fundación al no ser autorizadas ni entregadas "en plazo" las subvenciones y señaló el papel en algunos de los expedientes incluidos en la investigación del concejal de IU-CA Antonio Rodrigo Torrijos y del exdirector gerente de la fundación, Miguel López Adán, éste último también imputado en la causa.

Los actuales responsables de la fundación solicitaron el pasado 8 de julio la imputación de Torrijos haciendo referencia a un atestado de la Guardia Civil en el que "queda acreditado" que "estaba al tanto de la situación económica" de la fundación, "ya que asistió a la mayoría de las sesiones del patronato", y de las "dificultades" de la misma "para justificar el dinero recibido de las subvenciones".

La denuncia

"Y lo que es más grave, que en calidad de delegado de Relaciones Institucionales era la persona que daba el visto bueno a la tramitación de las solicitudes de las subvenciones que hacía la fundación a través de su Delegación, ante la Junta de Gobierno Local para su aprobación", añadiendo que dicho atestado "señala cómo Torrijos era conocedor de las irregularidades que se venían cometiendo en la gestión de la fundación y respecto de las subvenciones, en base a las indicaciones del interventor en sus informes y a la auditora Deloitte".

A ello se añade, según los actuales responsables de la fundación, "la especial vinculación de Torrijos con la fundación, como delegado de Relaciones Institucionales y patrono", y las "continuas referencias a Torrijos por parte de Carlos Vázquez en su declaración, quien en repetidas ocasiones aludió al mismo y a López Adán".

Fue en noviembre de 2012 cuando los actuales responsables de la fundación denunciaron al exalcalde socialista de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, a Torrijos y a numerosos miembros del PSOE e IU-CA, e incluso varios sindicalistas, por presuntos delitos societarios, de apropiación indebida, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, fraude en subvenciones, delitos contra la hacienda pública e infidelidad en la custodia de documentos.

Una vez realizada la petición de imputación, será el juez instructor el que deba decidir sobre el particular, y en caso de estimar la solicitud sería la segunda imputación de Torrijos, que ya está encausado por las supuestas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla que investiga la juez Mercedes Alaya.