El Servicio de Salud de las Islas Baleares deberá indemnizar con más de 1 millón de euros a una niña con parálisis cerebral por mala praxis en el parto, lo que supone la mayor condena al Ib-Salut por un caso de estas características.

Así lo ha informado en un comunicado 'El Defensor del Paciente', entidad que ha tramitado el caso, después de que los padres de la niña se dirigieran a la entidad solicitando ayuda a sus servicios jurídicos.

De este modo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, número 1 de Palma de Mallorca, ha condenado al Ib-Salut para que indemnice con 1.087.921 euros a los padres primerizos de una niña nacida el 27 de agosto de 2004 en el antiguo Hospital Universitario de Son Dureta "como consecuencia del sufrimiento fetal padecido por la misma en el momento del parto".

La madre de la niña, de 32 años de edad por aquel entonces, había tenido un embarazo normal, con seguimiento controlado y sin ningún problema, acudiendo al mencionado centro hospitalario para la inducción al parto el día 26 de agosto, fecha establecida por los facultativos que la atendían regularmente.

Así, de la lectura del registro cardiotocográfico que le fue colocado al inicio, se desprende que "existía dinámica uterina, incluso con contracciones excesivamente fuertes y polisistólicas (demasiado seguidas), las cuales eran un indicativo de la evolución del parto y la actuación a seguir. Dicho registro no podía ser considerado patológico, simplemente indicativo de la forma en que debía ser encauzado el parto", tal y como se explica al respecto.

"Inexplicable y sorprendentemente dicho registro cardiotocográfico fue retirado, perdiendo de esa forma la posibilidad de conocer su evolución y actuar en consecuencia", según añade el 'Defensor del Paciente' en la nota emitida este jueves.

"La madre permaneció sola durante un tiempo, mientras el bebé tuvo un sufrimiento fetal importante que le ocasionó severas secuelas, debiendo seguir tratamiento y ayuda de terceras personas de por vida. Posteriormente ha sido reconocida a la niña una minusvalía del 90%", se añade.

De este modo, se apunta a que "estas secuelas fueron consecuencia tanto de una incorrecta o inexistente lectura de la monitorización inicial, como de la falta de monitorización posterior, al haberle sido retirado el monitor justamente cuando más necesidad había de su lectura".

La defensa del caso ha sido tramitada por la Letrada Soledad Raso Périz, especialista en derecho sanitario y adscrita a los Servicios de 'El Defensor del Paciente' en las Islas Baleares.