La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por el "desvío" de 240 millones de euros de fondos de ayudas finalistas a autónomos y emprendedores por parte de la Generalitat Valenciana.

Según se asegura en la denuncia, firmada por Oltra y el diputado de Compromís, Fran Ferri, el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) distribuye territorialmente las subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En concreto, para el ejercicio económico 2011, el 12 de abril se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden por la que se distribuyen territorialmente subvenciones para autónomos y emprendedores para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas.

Compromís añade que, de acuerdo con el informe del Síndic de Comptes sobre las cuentas del ejercicio 2011 del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) en el caso de la Generalitat Valenciana estos fondos finalistas son ingresados en cuentas bancarias del Gobierno valenciano, y no en las propias del Servef.

Por lo tanto, según se asegura en el texto de la denuncia, el dinero público una vez transferido por el Estado debería ser nuevamente transferido de la Generalitat al Servef dado su "carácter finalista".

De acuerdo con este informe, el Estado habría pagado la totalidad de los fondos correspondientes a la orden pero, en la fecha de la elaboración del informe de la Sindicatura, este órgano afirma que la Generalitat aún no había transferido a las cuentas del Servef los 239.876.787 euros de los fondos que el Estado sí le había transferido. Esta situación se ha traducido en "impagos" por parte del Servef de las ayudas publicadas desde el año 2011 hasta la actualidad, alega.

"para pagar otras deudas"

Según ha asegurado Oltra, el Consell ha utilizado estos fondos otorgados por el Gobierno central en "pagar otras deudas y agujeros financieros que tenía". Además, ha destacado que ese dinero que es "finalista" y proviene de fondos europeos "no ha llegado a los beneficiarios de las ayudas, ahogando en muchos casos proyectos que contaban con esta ayuda para su funcionamiento".

Por ello, en el texto de la denuncia figura la situación actual, que apunta que de las ayudas de 2011 se calcula que faltan por pagar alrededor del 80 por ciento, y de las correspondientes a 2012 no se ha abonado cantidad alguna a los destinatarios.

Por ello, desde Compromís solicitan que, de acuerdo con el relato de hechos, se inicie una investigación por parte de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas con el fin de que se depuren "responsabilidades contables o las que correspondan, incluidas las penales", y, como consecuencia de esa declaración, se les condene al reintegro de las cantidades que procedan a los fondos públicos por parte de los que "hicieron un mal uso del mismo, garantizando el cobro que por derecho corresponde a los beneficiarios de las ayudas".