El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha avanzado este miércoles la posibilidad de que las elecciones en el sector del campo se puedan celebrar antes del verano de 2014 para lo que espera cerrar el proyecto de ley en el mes de septiembre para mandarlo después a las Cortes generales para su tramitación antes de diciembre o ya en febrero.

Arias Cañete, que ha participado este miércoles en Valladolid en una jornada sobre cooperativismo agrario organizada por el periódico El Norte de Castilla, ha precisado que el proceso pasa en este momento por la recepción de las observaciones de organizaciones profesionales agrarias (OPA) y comunidades autónomas al anteproyecto de ley presentado por el Ministerio.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha reconocido que se trata de una ley "revolucionaria" a la que se ha referido además como "un buen charco", si bien ha aclarado que a él nunca le han dado miedo los charcos al mismo tiempo que se ha mostrado dispuesto a ponerse las botas para meterse en el agua.

En este sentido, ha rechazado que la próxima representación nacional en el campo español vaya a seguir el "modelo del corralito" al mismo tiempo que ha considerado apropiado que los titulares de una explotación agraria, por ejemplo, puedan tener derecho a tener un representante en el nuevo modelo de interlocución con el Gobierno. "No son unos parias ni unos apestados", ha considerado el ministro, quien ha rechazado el actual censo para las elecciones a cámaras agrarias por "irreal".

Arias Cañete ha insistido en su convencimiento de que lo apropiado es que pueda participar en el proceso democrático "todo el que tenga actividad económica en el medio rural", en referencia tanto al agricultor que se sube en el tractor como al empresario que da trabajo en los pueblos, y no sólo el agricultor activo que cotice a la Seguridad Social.

En tono irónico, el ministro ha puesto sobre la mesa también el "panorama tan democrático" que hay en estos momentos en las formas de medir la representatividad en el campo en las distintas autonomías, con sólo dos territorios que convocan elecciones (Castilla y León y Cataluña), otra (País Vasco) que lo hace conforme a la afiliación a las distintas organizaciones, ocho autonomías que no convocan elecciones desde 2002 y otras cinco que no lo han hecho nunca.

Consulta cada cinco años

En este sentido, Arias Cañete ha abogado por realizar una consulta "nacional" cada cinco años con un censo "nacional" y realizado con la máxima transparencia para la elección de un total de diez consejeros que deberán conseguir al menos el 15 por ciento de los apoyos a nivel nacional y el 5 por ciento en tres autonomías.

"No sé lo que va a salir ni me preocupa, quiero un censo claro", ha reiterado el ministro, que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que sirva también el Impuesto de la Renta para poder definir las personas con derecho a voto.

Preguntado por la propuesta consensuada en Castilla y León sobre la definición de agricultor activo como el cotizante a la Seguridad Social, Arias Cañete ha considerado que se trata de un "inmenso error" ya que excluiría, por ejemplo, a las compañías mercantiles que no cotizan directamente a ese régimen. Arias Cañete se ha mostrado partidario en este sentido de considerar como agricultor activo a aquel que realice una actividad agraria contrastada dejando a un lado a los que hayan recibido hasta ahora una ayuda por no hacer nada o por tener un tierra de pastos.

Según ha advertido, restringir las ayudas sólo a los cotizantes a la Seguridad Social dejaría fuera de las mismas a unos 600.000 perceptores y al 88 por ciento de la superficie agraria útil con un "impacto incalculable" para muchas explotaciones con un margen de explotación "muy bajo" y en unos momentos en los que las ayudas suponen el 27 por ciento de la renta agraria y sin las que entrarían en pérdidas".

PRODUCCIÓN,

Empleo y actividad

"El olivar no puede sobrevivir sin ayudas y el cereal está al límite", ha asegurado Miguel Arias Cañete, quien, tras reiterar su compromiso de que los agricultores no pierdan ayudas, no ha visto ningún tipo de problema en que las pueda percibir "el notario de la villa" siempre que tenga una actividad agraria contrastada, como tener por ejemplo una explotación de 200 hectáreas con un capataz y doce empleados.

"Quiero producción, empleo y actividad económica", ha sentenciado el titular de la cartera de Agricultura en el Gobierno de la nación, para quien pretender otra cosa es "hacerse trampas en el solitario". "Que haya actividad agraria real que es lo legítimo para percibir ayudas", ha sentenciado el ministro que ha advertido a este respecto de que "va a haber mucha inspección" para legitimar la percepción de ayudas vinculadas a la actividad en el medio rural.