Los padres de la menor de siete años de edad que falleció el pasado 21 de agosto en el marco de un tiroteo registrado en las Tres Mil Viviendas, en el Polígono Sur de la capital hispalense, han prestado declaración este martes como perjudicados ante la juez que instruye el caso y han ratificado lo dicho en sede policial, como es que ellos no eran el objetivo de dicho tiroteo y que por tanto fue un "error".

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que los padres de la menor han prestado en la mañana de este martes declaración como perjudicados ante la juez de Instrucción número 20, que mantiene bajo secreto de sumario la causa después de haber enviado a prisión a nueve de las diez personas detenidas inicialmente, pertenecientes al clan de los Perla.

Jorge, el padre de la menor, ya negó públicamente cualquier tipo de implicación delictiva que pudiera haber ocasionado un ajuste de cuentas por parte del llamado clan de los Perla, pues "no he estado detenido ni he tenido armas en mi vida". "Me han destrozado la vida por completo, me han quitado la luz de mis ojos, no me la pueden devolver", apostilló.

Así, relató los hechos explicando que en el momento en que todo sucedió, al darse cuenta de los disparos, "me tiré para mi niña, que estaba en el sofá, para cogerla y llevarla al suelo". "Al levantarme me dieron: cuando miré a mi mujer vi que también estaba sangrando, con mi hijo de dos años, y en el suelo ya estaba mi niña", aseveró.

Asimismo, las mismas fuentes consultadas han precisado que los padres de la menor, que resultaron heridos durante el tiroteo, se han personado como acusación particular en el procedimiento, estando representados por una abogada de Sevilla.

De igual modo, en la jornada de este martes han prestado declaración ante la juez dos testigos de los hechos, si bien no han trascendido los detalles de su declaración al encontrarse el caso bajo secreto sumarial, secreto cuyo levantamiento ha sido solicitado por el abogado que representa a los encarcelados, en total ocho hombres y una mujer.

Tras ser detenidos en Mijas (Málaga), la juez envió a prisión a nueve de los diez detenidos —el décimo quedó en libertad— por los presuntos delitos de homicidio, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, encubrimiento y amenazas.

A los detenidos, que abandonaron el Polígono Sur tras el suceso para refugiarse primero en Hinojos (Huelva) y luego en una urbanización de Calahonda, en el término municipal de Mijas, se les incautaron varias armas, además de más de un kilo de una sustancia que aparentaba ser cocaína, entre 150.000 y 300.000 euros en efectivo y ocho kilos de oro.

Los hechos se produjeron en la calle Orfebre Cayetano González, donde una menor de siete años recibió un tiro por causas que se intentan esclarecer, tras lo que fue trasladada inmediatamente al Hospital Virgen del Rocío, donde los facultativos no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Inicialmente, la Policía Nacional barajó varias hipótesis como posibles detonantes del suceso, entre ellas un posible ajuste de cuentas con otro de los clanes dedicados al tráfico de droga en la zona —conocido como Los Mariano— o una venganza debido a un secuestro previo de uno de los miembros de estas familias implicadas.

Los agentes encargados de la investigación mantuvieron inicialmente la tesis de que "la familia de la niña fallecida no tenía nada que ver en ello", por lo que los autores de los disparos, realizados desde la calle, "se habrían equivocado de casa", junto a la cual la Policía localizó más de una veintena de cartuchos de bala.