El vicepresidente del Consell y portavoz, José Císcar, ha destacado este miércoles que la competencia para la ejecución del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Radiotelevisión Valenciana (RTVV) corresponde a la dirección de la sociedad pública "que tiene sus servicios jurídicos", por lo que el Consell entiende que las decisiones que toma "deban estar sustentadas en informes jurídicos".

Císcar ha realizado estas declaraciones en Enguera (Valencia) donde ha visitado la empresa Industrias Alimentarias Enguera, en relación a la decisión de la dirección de RTVV de comunicar a 186 técnicos de su plantilla que no están afectados "definitivamente" por el ERE para asegurar las emisiones y tras haber recibido el informe de la autoridad laboral.

Al respecto ha incidido en que la competencia para la ejecución del ERE en RTVV, "al igual que en las otras empresas públicas del sector empresarial valenciano", está "legalmente encomendada a la dirección de las empresas", en este caso a la de la sociedad pública y ha añadido que el Consell debe pensar que estas decisiones, igual que en cualquier otra empresa, tienen un "sustento jurídico".

"RTVV tiene sus servicios jurídicos y nosotros tenemos pensar que hay un soporte jurídico, una asistencia jurídica, unos fundamentos jurídicos y unos informes jurídicos que avalan todo ese tipo de decisiones", ha manifestado.

El vicepresidente de la Generalitat ha afirmado que el Consell adoptó en su día una "directriz política" de, ante la necesidad de "garantizar" la viabilidad económica de RTVV, hacer un ERE que impidiera que la empresa entrara en una causa legal de disolución y liquidación, porque en ese caso se hubiera perdido la totalidad de los puestos de trabajo.

El ere está en los tribunales

A partir de ahí, y sin querer hacer más valoraciones ya que el proceso está en los tribunales por las demandas presentadas por los sindicatos, ha subrayado que la competencia legal para la ejecución del ERE es de la dirección de RTVV, que tiene sus "servicios jurídicos" y ha añadido que el Consell entiende que las decisiones que toma "deben de estar sustentadas en informes jurídicos".