El secretario de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del PSOE de Andalucía, Antonio Pradas, ha asegurado que la Ley de Costas del Partido Popular supone un "ataque al medio ambiente" al permitir ampliar el régimen de concesión de propiedades situadas en el dominio público marítimo terrestre y "flexibilizar" la posibilidad de construir en zonas que "deberían estar protegidas".

En un comunicado, explica que, ante las "numerosas denuncias" de los colectivos ecologistas contra la reforma de esta normativa por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, el PP "no las ha rebatido porque existe la posibilidad de que se mantengan intereses ocultos".

El dirigente regional socialista ha explicado que, con el fin de exponer el peligro que supone la nueva normativa sobre el litoral promovida por el PP, desde el PSOE se ha planteado la comparecencia de órganos técnicos de la Universidad otros ámbitos para que evaluaran el impacto de esta medida sobre el entorno ambiental. Además, ha criticado que el Gobierno de Rajoy lo ha impedido para evitar, según Pradas, que "se contrastara el peligro que supone esta ley".

Para los socialistas andaluces, "los daños que puede causar esa normativa pueden ser irreversibles", por lo que consideran indispensable que el Tribunal Constitucional paralice la reforma de la Ley de Costas, atendiendo al recurso interpuesto por la Junta. Al respecto, ha subrayado que "hay una serie de cuestiones medioambientales que son muy trascendentales y que chocan con algunas normas del Constitucional, en concreto, con su sentencia del año 91".

"en peligro" el sector de las renovables

El secretario de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del PSOE andaluz ha censurado también el "castigo al sector de las energías renovables" a través de la sucesiva normativa aprobada por el Gobierno del PP, que, para Antonio Pradas, "ha puesto en peligro no sólo a las empresas que se dedican a la explotación de este tipo de centrales, sino a los pequeños productores que han convertido su finca agrícola en pequeños huertos solares y que ahora no tienen viabilidad al retirarles el Gobierno las ayudas que tenían previstas".

Con la aprobación de este decreto ley, en Andalucía, donde "las energías renovables son un sector puntero", se han puesto en peligro 50.000 puestos de trabajo con la paralización por el Gobierno del PP de la concesión de primas a nuevas instalaciones de energía renovable, que representan "inversiones en torno a los 12.000 y 15.000 millones de euros, que estaban ya calificadas incluso y que se han quedado pendientes porque los inversores piensan que no van a recoger esos ingresos", según Antonio Pradas.