La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha solicitado de forma "urgente" a la Administración valenciana "un compromiso serio" dirigido al desarrollo de un "plan de pagos igualitario que pueda garantizar la sostenibilidad a todo el conjunto del sector de la dependencia de la Comunitat".

Por ello, la asociación ha manifestado en un comunicado la necesidad de una reunión "urgente" con las Consellerias de Bienestar Social y Hacienda ya solicitada el pasado día 5 de agosto, "para poner orden en la regulación de los pagos comprometidos con el sector de forma equitativa con el conjunto de los centros".

El sector de la dependencia en la Comunitat se encuentra en una situación "muy compleja y delicada", ya que "no puede hacer frente por más tiempo a la carga de deuda que mantiene la Generalitat, y que sólo en los centros de atención a dependientes de titularidad pública "asciende a más de 50 millones de euros, correspondientes a todas las facturas desde octubre de 2012, algunas de hace más de diez meses".

Por otro lado, la patronal ha solicitado a la administración la necesidad de plantear con su colaboración la ordenación del sector, con iniciativas que se dirige a posibilitar la existencia de, al menos, el mismo número de plazas concertadas que de ayudas directas al usuario, con un presupuesto que se distribuyera equitativamente entre ambos programas anualmente, respetando siempre la libertad de elección del usuario.

Asimismo, ha demandado que se cumpla el derecho de las personas dependientes y sus familiares a escoger "de forma libre" el centro especializado donde desean ser atendidos, cuya consecuencia es "la asignación no igualitaria de plazas entre los centros residenciales".

Finalmente, Aerte ha incidido en la necesidad de tratar con la administración valenciana la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, así como la atención de los más de 11.000 personas dependientes, ancianos y discapacitados en su mayoría, que tienen reconocido el derecho a asistencia "pero no reciben ninguna prestación".