La Consejería de Justicia y Interior ha publicado la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro dedicadas a representación y defensa de los intereses de las víctimas de terrorismo con un crédito máximo de 56.000 euros para el presente ejercicio 2013.

Así lo establece una orden del departamento que dirige Emilio de Llera que ha entrado en vigor esta semana, que fija un plazo de 20 días para la presentación de solicitudes para recibir estas subvenciones, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva.

Dicha orden, consultada por Europa Press, prevé una primera línea de subvención, dotada con 22.400 euros, de "apoyo al movimiento asociativo, completando y coadyuvando a la financiación, en parte, de los gastos generales de funcionamiento y gestión generados como consecuencia de las actividades dedicadas a la atención asistencial a las víctimas del terrorismo y de sus familiares, así como el auxilio técnico para el desarrollo de sus objetivos estatutarios".

La segunda línea, relativa a respaldar "programas de actividades de dignificación de las víctimas o de actividades destinadas a la educación y concienciación social contra la lacra terrorista en cualquier de sus manifestaciones, defendiendo los valores de convivencia pacífica y democrática", tiene una cuantía máxima de 33.600 euros.

La Consejería de Justicia e Interior destaca en la orden la "importante labor asistencial" de las asociaciones en materia de defensa y tutela a las víctimas de terrorismo, "que completa el trabajo que desarrolla la Junta" y recuerda que las entidades que aspiren a recibir las subvenciones deben "desarrollar su actividad principalmente en Andalucía".

En el caso de las ayudas de apoyo al movimiento asociativo, la orden establece como requisito previo la obligación de los beneficiarios de acreditar que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente al Seguridad Social, así como que no son deudoras de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.