El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) ha publicado este lunes el Decreto Ley por el que Junta y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes rebajarán un 20 por ciento los precios máximos de venta o alquiler de aquellas viviendas públicas que se adjudiquen después de que entre en vigor esta norma que incluye 22 medidas urgentes para facilitar el acceso a la vivienda.

El objetivo de todas las medidas planteadases dar una "respuesta global y urgente" a aquellas personas y familias "más necesitadas" de la Comunidad, por lo que, entre otras acciones, se amplia la denominación de colectivos con especial protección, se avanza en la movilización de las viviendas de titularidad pública y se da salida a la viviendas disponibles.

De este modo, el decreto establece acciones impulsadas desde distintos ámbitos de acción y centradas las viviendas protegidas de titularidad pública, la movilización del 'stock' de viviendas públicas y privadas y el establecimiento de un nuevo régimen legal de VPO.

La Comunidad cuenta actualmente con 12.471 viviendas de titularidad pública, de las que 11.332 están en venta y 1.139 en régimen de alquiler, mientras que 100 están desocupadas y destinadas a situaciones de "emergencia".

Reducción de precios

Una de las medidas más relevantes es la reducción de los precios de venta y alquiler con el fin de facilitar el acceso a una vivienda de promoción pública a sectores más amplios de la población. Así, con este Decreto, se rebajan en un 20 por ciento los precios máximos de venta o alquiler de las viviendas aún sin adjudicar o en proceso de construcción.

Otra de las acciones se centra en facilitar los pagos de las cuotas de compra o de alquiler con determinadas moratorias de pago, además se avanza en la amortización anticipada de la compra o en la adquisición de viviendas en arrendamiento.

También se reservará una parte de las viviendas para colectivos en riesgo de exclusión social y se obliga a la administración autonómica y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a constituir parques públicos de alquiler social, integrados por viviendas y alojamientos protegidos de titularidad pública, que se destinarán preferentemente al alojamiento, en régimen de arrendamiento, a personas incluidas en los colectivos de especial protección.

Junta y ayuntamientos deberán también habitantes deberán reservar al menos el 30 por ciento de las viviendas protegidas desocupadas y de los terrenos de uso residencial de su titularidad o de entidades dependientes para consolidar los parques públicos de alquiler social.

Dentro de las acciones destinadas a movilizar el 'stock' de viviendas destaca la ampliación del período de amortización de préstamos hipotecarios, además no se exigirá la devolución de las ayudas de la Junta por compra de vivienda cuando esta sea objeto de transmisión por subasta, dación en pago o adjudicación en un procedimiento de desahucio ni cuando se modifiquen los préstamos para reestructurar la deuda hipotecaria.

Asimismo la política de alquiler de la Junta se unifica en un único Programa de Fomento del Alquiler que también se ha publicado este lunes en el Bocyl y que pretende dotar de "mayor" flexibilidad el apartado de requisitos de las viviendas del programa así como el relacionado con los arrendatarios.