El Gobierno de La Rioja y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) colaborarán para detectar situaciones de vulnerabilidad en supuestos de desahucios, que se suspenderán de forma temporal en su ejecución judicial hasta que se encuentre una solución para los afectados por parte de los Servicios Sociales o de Vivienda de la comunidad.

El consejero de Presidencia y Justicia, Emilio del Río, y el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa Torner, han firmado hoy un convenio de colaboración en este sentido.

Servirá "para establecer un protocolo de actuación que permita detectar situaciones de vulnerabilidad o exclusión social derivadas de un procedimiento de ejecución hipotecaria o de un desahucio por falta de pago de la renta, de forma que se determine la conveniencia o necesidad de adoptar medidas de carácter social".

En este sentido, Emilio del Río ha explicado que será el sistema judicial el que comunique al Gobierno de La Rioja la detección de un posible caso de situación de vulnerabilidad, de forma que éste pueda activar las medidas de protección social planteadas para proteger a las personas desahuciadas en riesgo y que implican a los departamentos de Justicia, Servicios Sociales y Vivienda.

El consejero ha recordado que "la situación de crisis económica de los últimos años ha motivado que muchos ciudadanos se encuentren inmersos en procedimientos de ejecución que terminan en la subasta y adjudicación de sus viviendas, con el consiguiente riesgo de exclusión social de miles de familias".

MEDIDAS.

Ha destacado que "desde el Gobierno de la Rioja se han llevado a cabo sucesivas medidas con la finalidad de mitigar esta situación", como la ampliación del parque de viviendas en alquiler con el objetivo de atender a aquellos colectivos más vulnerables y a precios asequibles.

Además, se ha establecido el Programa de mediación en materia de ejecuciones hipotecarias, que tiene por objeto dar una respuesta eficaz a los ciudadanos que han dejado de poder atender el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los préstamos o créditos hipotecarios para la adquisición de su vivienda.

Igualmente, Del Río ha recordado que "se han llevado a cabo acciones a nivel nacional como elevar el nivel de inembargabilidad en el caso de deudores que hubieran perdido su vivienda habitual hasta el 150 por ciento del salario mínimo interprofesional, aumento del 50 por ciento al 60 por ciento del valor de tasación del límite mínimo para la adjudicación del inmueble y reducción al 20 por ciento del depósito exigido para tomar parte en la subasta".

Además, se aprobó el denominado 'Código de Buenas Prácticas', para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, y se estableció la suspensión inmediata y por plazo de dos años de los desahucios de los deudores que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad.

Teniendo en cuanta todos estos aspectos, el consejero de Presidencia y Justicia ha señalado "la idoneidad de firmar este convenio para poder abordar de forma conjunta y coordinada medidas que den respuesta a estas situaciones de vulnerabilidad que pueden detectarse en el curso de los procedimientos judiciales o por la Administración de Justicia en el desempeño de su labor".

"ir mas alla".

Para Fernando de Rosa, "hay gran preocupación en los jueces y magistrados a la hora de aplicar la ley en casos de desahucios o ejecuciones hipotecarias". "No somos meros aplicadores de la ley, hay que ir más allá en estos casos para buscar una solución", ha afirmado el vicepresidente del CGPJ, quien ha apuntado que convenios similares se van a firmar con todas las comunidades autónomas.

En este sentido, ha apuntado que "los jueces son los primeros en detectar este tipo de problemas" y deben intentar "que tenga el menor coste social posible", con actuaciones como la que posibilita este convenio "para suspender la ejecución de la sentencia por un tiempo, hasta que se dé una salida a la persona o a la familia".

De Rosa ha recordado que se han ejecutado ya 100.000 desahucios este año en España, "mitad a propietarios, mitad a arrendatarios", por lo que ha valorado este tipo de convenios, que será de aplicación "desde mañana" en los juzgados riojanos, como "una alternativa más de las muchas que hay para trabajar conjuntamente contra estos problemas".

Protocolo de actuación.

Es preciso distinguir entre las dos situaciones que pueden provocar el desahucio. Así, en primer lugar, en procedimientos de ejecución hipotecaria que versen sobre vivienda habitual, y, en segundo término, en procedimientos de desahucio de vivienda habitual por falta de pago de la renta.

En el primer supuesto, cuando el juez observe que al efectuarse el requerimiento de pago, bien antes de interponerse la demanda bien al despacharse ejecución, no se ha informado al deudor hipotecario de manera clara y veraz del contenido y posibilidades previstas en el Código de Buenas Prácticas Bancarias, adoptará las medidas oportunas para que se remita al deudor un folleto informativo sobre el contenido esencial de estas normas, a fin de que el destinatario pueda, en su caso, hacer las alegaciones que considere pertinentes, sin suspender el curso del procedimiento.

Igualmente, se actuaará cuando durante un procedimiento de ejecución hipotecaria se detecte la existencia de una eventual situación de vulnerabilidad, se dará traslado a la Consejería de Salud y Servicios Sociales para que la Administración pueda realizar las gestiones necesarias para analizar la problemática y, en caso de que sea procedente, adoptar las medidas encaminadas para asegurar la actuación de los servicios sociales.

El tercer supuesto en este caso será cuando en el desarrollo de un lanzamiento se constate una eventual situación de especial vulnerabilidad o desvalimiento, la Comisión Judicial dará inmediata cuenta al juez que conozca el asunto y que resolverá si procede decretar la suspensión por el plazo imprescindible, y nunca superior a diez días, para que los servicios sociales, advertidos al efecto, puedan hacer una valoración provisional de las circunstancias concurrentes y acometer la actuación que proceda.

Con respecto a los procedimientos de desahucio de vivienda habitual por falta de pago de la renta, se actuará cuando durante la tramitación de un procedimiento de desahucio por falta de pago de la renta se detecte una situación de especial vulnerabilidad, se dará traslado a la Consejería de Salud y Servicios Sociales para que pueda realizar las gestiones necesarias para analizar la problemática y, en caso de que sea procedente, adoptar las medidas encaminadas para asegurar la actuación de los servicios sociales.

También se activará el protocolo cuando en el desarrollo de un lanzamiento por falta de pago de la renta se constate una eventual situación de especial vulnerabilidad la Comisión Judicial dará inmediata cuenta al juez que resolverá si procede que se de inmediata cuenta a los servicios sociales para que puedan hacer una valoración provisional de las circunstancias concurrentes y acometer la actuación que proceda en el ámbito de los servicios sociales.

En todo ambos casos, verificada la comunicación y examinada la situación, la Consejería de Salud y Servicio Sociales adoptará la decisión que proceda y que podrá consistir en formular una propuesta de intervención, pudiendo dar traslado a la Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial si concurren los requisitos para su inclusión en los programas de vivienda social que gestiona, o declinar la misma.

Una u otra decisión se comunicará al órgano judicial, el cual, si la propuesta fuese positiva, procurará adecuar la tramitación para garantizar la tutela y efectividad de los intereses legítimos de ambas partes, siempre con estricto cumplimiento de las leyes procesales.