Cortés exige a Rajoy el levantamiento de la suspensión cautelar del decreto antidesahucios

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés (IU), ha exigido este viernes al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, el levantamiento de la suspensión cautelar sobre el decreto antidesahucios y ha recordado el planteamiento a las entidades financieras para que establezcan una moratoria de los desahucios hasta que el Tribunal Constitucional (TC) no se pronuncie tras el recurso interpuesto por el Gobierno.
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés.
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés.
EUROPA PRESS
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés.

La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés (IU), ha exigido este viernes al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, el levantamiento de la suspensión cautelar sobre el decreto antidesahucios y ha recordado el planteamiento a las entidades financieras para que establezcan una moratoria de los desahucios hasta que el Tribunal Constitucional (TC) no se pronuncie tras el recurso interpuesto por el Gobierno.

En declaraciones a los periodistas en el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva), tras firmar con el alcalde de la localidad, Gonzalo Rodríguez Nevado, un convenio de bonificación del IBI para viviendas públicas y la adhesión del Ayuntamiento al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, Cortés ha señalado que la próxima semana tendrá novedad respecto a esta petición a las entidades financieras.

En cuanto al decreto antidesahucios, ha insistido en que es "constitucional", indicando además que el Ejecutivo central lo ha recurrido por "una cuestión ideológica y porque el Gobierno andaluz ha puesto en evidencia que hay alternativas a la política de vivienda que está haciendo el PP". En este sentido, ha hecho hincapié en que el decreto "funciona".

Este viernes Elena Cortés y el alcalde de Punta Umbría han firmado la adhesión del Ayuntamiento al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, un programa que en toda Andalucía se han adherido 215 municipios.

Cortés ha subrayado que Punta Umbría es "el primer ayuntamiento en sumarse tras la suspensión del decreto ley para asegurar la Función de la Vivienda por el recurso del Gobierno ante el Constitucional", a lo que ha añadido que la Consejería de Fomento y Vivienda "no baja los brazos y continúa luchando para evitar desahucios".

A su juicio, este programa ha supuesto "una ruptura de la neutralidad institucional entre las víctimas de la crisis y las entidades financieras a favor de las familias", haciendo hincapié en la necesidad de que la Administración "tomara partido, dado el abismo de estatus y de privilegios que existe entre ambas partes".

La consejera ha explicado que este decreto "no solamente evitaba desahucios mediante la expropiación temporal del uso, a la que se habían acogido 18 familias en riesgo de exclusión social en tres meses, dos de ellas en Huelva".

Tampoco, según ha añadido, "se limitaba a ofrecer una expectativa razonable de acogerse a la medida de cientos de personas más en sólo tres meses, sino que es mucho más porque se trata de una norma que evitaba desahucios cada día, al afectar a todos los desahucios, ya que ante la perspectiva de quedarse con una vivienda vacía expropiable o sancionable, la entidad financiera se lo pensaba más antes de echar a nadie".

"Ahora vuelven a tener vía libre", ha enfatizado Cortés, y ha añadido que en las oficinas contra los desahucios "se evitan desalojos, pero de un modo, por así decirlo, paliativo", ya que "la resolución del problema de fondo es competencia estatal". En este punto, ha insistido en que la expropiación era "una medida de justicia social de carácter paliativo".

Pero el decreto, según ha remarcado, "tenía además medidas que iban a la raíz del problema" y ha citado entre ellas la sanción de hasta 9.000 euros por vivienda vacía en manos de bancos e inmobiliarias.

Desahucios en huelva

A su vez, la consejera ha ofrecido datos provinciales al respecto y ha detallado que la oficina contra los desahucios de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Huelva ha evitado 200 desalojos de familias en sus primeros ocho meses de funcionamiento.

En cuanto a las viviendas vacías, ha señalado que en Huelva "hay 33.324 viviendas vacías", según datos del INE de 2011, lo que supone el 11,6 por ciento del total, una situación, a juicio de la consejera, "absolutamente insostenible".

En total, son ya nueve los municipios onubenses adheridos al programa, que ofrece servicios de prevención, cuando el solicitante aún no ha entrado en mora pero quiere asesoramiento; intermediación ante la entidad financiera, cuando existe ya morosidad con la entidad financiera y riesgo de desahucio, y protección, una vez hay fijada una orden de lanzamiento o este ya se ha producido.

Los municipios son Trigueros, Villablanca, Lepe, Zalamea la Real, Moguer, Cortegana, Nerva, Isla Cristina y Punta Umbría. A estos se suma la Diputación de Huelva.

En la fase más temprana, en el ámbito de la prevención, tan sólo una familia ha acudido a la oficina. Por ello, Cortés ha animado a las familias con problemas a acudir "lo antes posible, porque cuanto antes se coge el problema, mejor". En prevención, la atención se presta cuando aún no existe morosidad con la entidad financiera y es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las condiciones para evitar los desahucios según la normativa o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas en contratos financieros que ya han firmado o prevén firmar.

Otras 21 familias se han dirigido a la oficina de Huelva para solicitar protección. En estos casos, la mediación de la Junta abarca medidas que van desde contactar con las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar o suspender los desalojos hasta pedir a los servicios sociales de los ayuntamientos que arbitren soluciones de urgencia, supervisando en todo caso que la familia no queda sin alternativa habitacional.

Las 200 personas cuyos desahucios han sido evitados solicitaron a la oficina los servicios de intermediación y negociación para alcanzar una solución recurriendo a diversas vías como la negociación de la dación en pago y el alquiler social, la modificación de las condiciones del préstamo hipotecario o la intermediación ante juzgados para la suspensión de la subasta o del lanzamiento, entre otras. Todas estas familias se encuentran ya en situación de mora con la entidad financiera, por lo que existe riesgo de desahucio. "En todos los casos estas familias permanecen en sus viviendas", ha concluido Cortés.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento