La Consejería de Bienestar Social se ha dirigido a la empresa arrendadora de las viviendas protegidas de alquiler de los barrios de La Corredoria, Villafría y Las Campas para pedirle que estudie una reducción de las rentas. Ha recordado además que la Administración no tiene competencias para tomar este medida por su cuenta.

Así lo informa en una respuesta a una pregunta presentada por Izquierda Unida. La coalición interpelaba a la consejera, para saber si tenía intención de "impulsar la adecuación de las cuantías de los alquileres actuales en dichas promociones, a través de los mecanismos de negociación pertinentes".

"Los contratos firmados con las empresas en el año 2005 no establecen ninguna capacidad del Principado para exigir precios inferiores a los establecidos en el contrato inicial, por lo que desde del Gobierno asturiano no se previó cantidad alguna de exigir que esos precios se reduzcan", explica la consejera, Esther Díaz.

"De todas formas, se ha instado a las empresas a que estudien la posibilidad de bajar los precios para aumentar la ocupación de las viviendas", añade la nota.