El exconseller de Turismo del Govern balear Francesc Buils ha recogido el mandamiento de prisión para ingresar este jueves en el centro penitenciario de Palma, después de que el Tribunal Supremo haya confirmado su condena de tres años en el marco del caso Voltor por gratificar con 15.000 euros públicos al exalcalde de Sóller Antoni Arbona, para lo cual fueron impulsados dos expedientes de contratación 'ad hoc' desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur), dependiente de la Conselleria de Turismo.

El exalto cargo de Unió Mallorquina (UM) ha abandonado las dependencias judiciales en torno a las 13.30 horas tras recoger el documento de la Sección Segunda y, a su salida, ha charlado de forma distendida con los periodistas que le esperaban fuera de la Audiencia.

Cargado con un bolso lleno de libros, el exconseller ha admitido que ha acudido a la Audiencia pensando que desde ahí directamente le conducirían a prisión, si bien le han informado de que debía trasladarse por su cuenta hasta el centro penitenciario a lo largo de esta jornada. "He venido incluso sin reloj", ha manifestado Buils debido a que en la cárcel no permiten permanecer con este tipo de objetos.

Mientras tanto, al otro de los condenados por esta misma causa, el exjefe del IMET (Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico) Antonio Rebassa, el tribunal le ha dado de plazo hasta el próximo miércoles día 31 para que ingrese en la cárcel. Rebassa fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, pena que ya es firme.

Precisamente, Buils entrará en la cárcel un día después de que lo hiciera la expresidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, para quien la Audiencia decretó prisión provisional sin fianza a petición de la Fiscalía Anticorrupción por riesgo de fuga y ante la posibilidad que eluda hacer frente a las reponsabilidades civiles que pesan sobre ella en el marco del caso Can Domenge.

En concreto, el pasado martes la Sección Segunda dio un plazo de 48 horas a Buils para que ingrese de manera voluntaria en la prisión la capital balear, después de que el Tribunal Supremo ratificara la semana pasada su condena de tres años de cárcel por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos ejecutados en continuidad delictiva, en el marco de la pieza número 4 del Caso Voltor.

Una causa cuya operación policial estalló a principios de 2010 con la detención de varios exaltos cargos de UM, y que provocó una crisis sin precedentes en el Ejecutivo autonómico, cuyo entonces presidente, Francesc Antich, decidió expulsar a todos los cargos ejecutivos de esta formación de las principales instituciones de las islas, rompiendo así el pacto de gobernabilidad firmado con los uemitas en 2007, lo que le llevó a gobernar en minoría.

Las gestiones realizadas para desviar 15.000

Euros públicos

La sentencia confirmada por el TS considera probado cómo Buils favoreció a Arbona con 15.000 euros públicos con el fin de que éste influyera positivamente a su favor y de su corriente en el Congreso de UM para que obtuvieran respaldo los candidatos al Consejo Político que eran de su misma tendencia.

Como no era posible recibirlos sin justificación de pago, el exconseller planeó que se hiciera simulando su contratación a cargo del Inestur, del que el exconseller era presidente, so pretexto de que el exprimer edil de Sóller había realizado e iba a llevar a cabo labores de asesoramiento que eran del todo punto "innecesarias".

Es por ello que se acordó que Arbona debía hacer como contraprestación algún tipo de servicio, por intrascedente que fuera y sin utilidad alguna, para conceder justificación a los 15.000 euros y otorgar apariencia de legalidad a la entrega gratuita de los fondos públicos.

Así, y conforme a las instrucciones impartidas por Buils, se decidió crear dentro del área de IMET (Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico), de la que era su jefe el acusado Antonio Rebassa, dos expedientes de contratación, uno en el 2007, por importe de 2.999,76 euros y otro en el año 2008 por valor de 12.000 euros, ya que no era posible realizar un solo pago de 15.000 euros en 2007 sin incumplir la entonces vigente normativa de contratos.