El alcalde de Puebla del Río (Sevilla), Julio Álvarez González (PSOE), ha sido procesado por un presunto delito de malversación de fondos públicos por gastar en el plazo de 16 meses un total de 6.230 euros en llamadas a su novia desde su teléfono móvil oficial.
Fuentes del caso dijeron que el juzgado 1 de Coria del Río (Sevilla) ha concluido la instrucción de la causa, que será enjuiciada por un jurado, y ha remitido las actuaciones al fiscal y a la acusación particular para que presenten su calificación de los hechos.
El alcalde y el concejal de Obras y Servicios, Juan Carlos Benítez, están imputados de presuntos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental, ocultación de datos y prevaricación.
Según la denuncia presentada por los concejales de IU y del Partido Independiente de La Puebla, el alcalde gastó 1.036.722 pesetas (6.230 euros) en llamadas y mensajes SMS a su novia desde su móvil oficial entre septiembre de 1999 y febrero de 2001.
El alcalde negó a la oposición información sobre gastos municipales
Junto al delito de malversación, Álvarez está imputado de ocultación de documentos y prevaricación por negar a la oposición información sobre estos gastos municipales, y el concejal Juan Carlos Benítez por falsedad documental, porque presuntamente escaneó y eliminó las llamadas comprometidas de las facturas telefónicas que facilitó a los grupos políticos.
En su declaración como imputado, realizada en noviembre de 2003, el alcalde sostuvo que su móvil oficial y particular eran del mismo modelo y que los usó indistintamente, e incluso apuntó que en ocasiones se lo olvidaba en casa y podría haberlo usado cualquier miembro de su familia, en especial su propia hija.
Además, alegó que al conocerse el caso restituyó a las arcas municipales todos los gastos ocasionados.
25 llamadas el día de San Valentín
Según los denunciantes, el 77% de la facturación de su teléfono oficial corresponde a llamadas al teléfono móvil o fijo de su novia, al que también remitió miles de mensajes cortos y hasta 25 llamadas el Día de San Valentín.
Los denunciantes sostienen que, además, el alcalde hizo después de febrero de 2001 nuevas llamadas particulares, cuyo consumo no han podido determinar.
Al tratarse de un presunto delito de malversación de fondos públicos, el caso ha sido tramitado para ser enjuiciado ante un jurado popular en la Audiencia de Sevilla, explicaron las fuentes. El delito de malversación de caudales públicos conlleva una condena de entre tres y seis años de prisión y de entre seis y diez años de inhabilitación para cualquier cargo público.
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