Los franceses podrán exigir una vivienda al Estado ante la justicia a partir de 2012

  • La nueva ley podrá ser aplicada desde finales de 2008 para los casos más urgentes.
  • Para el 1 de enero de 2012 se habrán construido todas las viviendas sociales y la norma será aplicada totalmente.
  • El Estado será el garante jurídico del derecho aunque delegará competencias en colectividades locales.

El proyecto de ley que establece el derecho a reclamar una vivienda al Estado ante los tribunales será adoptado por el Gobierno francés el próximo día 17, con el fin de que el Parlamento lo apruebe antes de que termine esta Legislatura, pero no estará plenamente en vigor hasta 2012.

Así lo anuncio ayer el primer ministro francés, Dominique de Villepin, en rueda de prensa, tras recibir un informe oficial al respecto que encargó hace seis meses.

Esa ley, que pone el derecho a la vivienda al mismo nivel que a la educación o la sanidad, "hará de Francia uno de los países más avanzados en derechos sociales", subrayó el primer ministro.

La vivienda, nueva arma electoral

Con los comicios presidenciales (abril-mayo) y los legislativos (junio) en puertas, el debate sobre la crisis de la vivienda ha entrado de lleno en la precampaña electoral francesa, con la instalación de campamentos improvisados en las grandes ciudades y la ocupación de edificios por asociaciones de defensa de los indigentes.

Una vez adoptada antes del 22 de febrero próximo -cuando el Parlamento concluye los trabajos de la actual Legislatura-, la nueva ley podrá ser aplicada desde finales de 2008 para los casos más urgentes, como los Sin Domicilio Fijo (SDF), los trabajadores pobres y las mujeres solas con niños, explicó Villepin.

Francia será uno de los países más avanzados en derechos sociales

Pero no será hasta el 1 de enero de 2012 cuando se calcula que se habrán construido todas las viviendas sociales necesarias, la futura norma será aplicada en su totalidad y se podrá garantizar que no haya "familias alojadas en sitios indignos o insalubres", dijo.

Según el borrador del proyecto de ley, el Estado será el garante jurídico del derecho de toda persona a una vivienda, aunque se prevé delegar competencias a algunas colectividades locales.

De esta forma, según el primer ministro, se pretende evitar "que pese sobre las colectividades una carga nueva".

En cinco años, ni una persona "sin techo"

Para garantizar el objetivo de que en cinco años no haya más personas "sin techo" en el país, "una situación inaceptable" y "una realidad indigna para una sociedad como la nuestra", según Villepin, además de construir viviendas hay que cumplir dos principios, el primero de ellos que haya una buena gestión de los recursos, pues "Francia es el país que gasta más en el mundo" en ese colectivo.

El segundo principio es que los beneficiarios de viviendas sociales respeten "el equilibro en derechos y deberes", añadió Villepin, quien subrayó la necesidad de "acabar con los abusos".

Villepin destacó la necesidad de mantener una política global contra la pobreza extrema y favorecer la incorporación al trabajo de todos los parados.

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