El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha insistido este viernes, tras la petición de asistencia jurídica a la Junta del exinterventor general de la Junta Manuel Gómez, en que la Administración andaluza no debe pagar ni asistir a ninguno de los imputados en el caso de las irregularidades de los expedientes de regulación de empleo (ERE).

Fuentes de la Junta de Andalucía han informado a Europa Press de que el exinterventor, que está citado a declarar por la juez Mercedes Alaya el próximo día 25 de julio, ha pedido a la administración que su gabinete jurídico le preste asistencia en este caso, una solicitud a la que la Junta aún no ha respondido, en espera de que la Audiencia Provincial de Sevilla resuelva su recurso contra el auto en el que la magistrada imputó a estos 20 cargos o ex altos cargos.

En declaraciones a los periodistas tras participar en Sevilla en la concentración convocada por UGT y CCOO contra la reforma local, Maíllo ha asegurado que su formación tiene una posición "muy nítida" sobre el caso de los ERE que no es otra que "celeridad en la investigación, profundización y llegar hasta el final, caiga quien caiga".

Asimismo, el coordinador general de IULV-CA ha negado que el asunto de la asistencia jurídica a los imputados en el caso de los ERE pueda causar "fricciones" en el seno del Gobierno andaluz. Y es que, según ha apuntado, "el caso de los ERE no forma parte del pacto de gobierno y todo el mundo sabe la postura que Izquierda Unida tiene al respecto".