El Gobierno Central y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) se han comprometido con la Asociación de afectados por los soplaos en el Valle de Camargo a reconsiderar su postura respecto a las cimentaciones de los edificios afectados, una vez asegurado que ninguna administración se hará cargo de reparar de la cota cero hacia arriba.

Así lo ha indicado este jueves en un comunicado la secretaria de la citada asociación, Marta Cortázar, que ha informado de la reunión que se celebró el jueves 11 entre las cuatro partes implicadas y en la que estuvieron presentes el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, tres representantes de la CHC (Manuel Fernández, Jorge Rodríguez y Antonio Roldán), dos del Ayuntamiento de Camargo (el alcalde, Diego Movellán y la concejala, María del Carmen Solana) y dos miembros de la Asociación Afectados por los soplaos en el Valle de Camargo.

Un encuentro que la agrupación valora "positivamente" por cuanto se han reunido todas las partes, pero en el que no fue posible llegar a un "acercamiento". Con todo, ha calificado la reunión de "clarificadora" pues ahora los afectados conocen la "situación real" en la que se encuentran y que no es "halagüeña", afirma.

Una de las conclusiones es que ninguna administración reparará la parte superior de las viviendas afectadas, puesto que ni Gobierno regional ni Ayuntamiento pueden intervenir de cota cero hacia arriba, como se había hablado en ocasiones anteriores, puesto que es jurídicamente imposible. Tampoco la Confederación ni el Ministerio de Medio Ambiente lo harán "porque ni pueden, ni aunque pudieran, quieren", según dijo el delegado del Gobierno textualmente, señala Cortázar.

En cuanto a las cimentaciones, que figuraban en el plan de actuación presentado hace año y medio, tanto la Delegación del Gobierno como la CHC consideran que dichas actuaciones estaban vinculadas a las que realizara el Ayuntamiento en la parte superior.

Dado que el Consistorio "no va a hacer nada fuera de comprometerse a eximirles de las licencias de obra, por medio de un convenio", ahora el Gobierno Central y la Confederación reconsiderarán su postura y trasladarán a los afectados su decisión.

Este miércoles se ha reunido la asociación para trasladar a sus miembros los resultados del encuentro y "la incredulidad del primer momento ha dado paso a la rabia", ha explicado Cortázar.

En su opinión, lo sucedido corrobora las sospechas de la agrupación de que las administraciones estaban "tratando de ganar tiempo al presentar un plan de actuación que no se está plasmando en la realidad y que hoy vemos más lejano que nunca".

La asociación ha reclamado se lleve adelante el plan "como consta en las copias que se repartieron a cada uno de los afectados que espera la cimentación de su vivienda".

"Cuando un ciudadano comete una infracción, por leve que sea, la Confederación le multa. En este caso fueron ellos quienes actuaron mal, como bien claro argumentó la Audiencia Nacional en la sentencia que emitió, y por eso les toca pagar", ha denunciado el colectivo.