El conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, ha anunciado este miércoles que "antes de que acabe este mes" de julio se reunirá de nuevo la Comisión Interdepartamental del Consell sobre bebés robados, que celebró su primer encuentro el pasado mes de abril, para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo para avanzar en los trámites que hay en marcha con el fin de lograr la resolución de estos casos y coordinar a todas las partes implicadas.

Asimismo, en esta cita se podrá dar a conocer el "texto definitivo" del protocolo que se usará en las oficinas de Atención a las Víctimas del Delito, en las que se atenderá a los afectados por los casos de bebés robados, y que estará "revisado por la Fiscalía".

Castellano se ha pronunciado así en la Comisión de Gobernación celebrada esta jornada en las Corts, durante su comparecencia en respuesta a la petición de EU para que un miembro del Consell diera cuenta de las decisiones tomadas en la primera reunión de dicha esta comisión interdepartamental.

El conseller ha dejado "constancia" de la "voluntad" de la Generalitat de colaborar con los afectados por los casos de bebés robados y adopciones irregulares, a quienes ha mostrado su "cercanía" y "sensibilidad", y con la justicia para lograr el "completo esclarecimiento" de "estos hechos dolorosos que repudiamos porque son intolerables".

Así, ha afirmado que ese "espíritu de colaboración" se refleja en la creación de la citada comisión interdepartamental —de la que forman parte distintos órganos de la Generalitat, la Fiscalía y las entidades que representan a las víctimas de estos casos— para "proporcionar respuesta institucional a los afectados y coordinar distintas actuaciones sobre robos bebes y adopciones irregulares".

Serafín Castellano, a quien todos los grupos han agradecido su comparecencia para hablar de este tema, ha indicado que lo hacía "encantado", mostrando la "colaboración" de la que ha hablado y para "dar todas las explicaciones que competen a la Generalitat". Asimismo, ha traslado la intención del Consell de dar "toda la agilidad" a la labor que se está haciendo sobre los bebés robados.

En este sentido, ha señalado que "no hay posición de retraso ni obstáculo" en este trabajo y que se quiere "trabajar eficazmente". Ha enmarcado en este contexto la reunión que este mes celebrará la comisión interdepartamental para continuar avanzando. "Se trata de solucionar el problema. No palabras, son hechos", ha dicho.

El conseller ha recordado que en principio eran dos las reuniones previstas para este órgano en el año, pero ha destacado que en este ejercicio "no serán dos sino más" las que se celebren, además de apuntar que se harán "todas las necesarias para agilizar la solución de este problema".

Respecto al contenido de la primera de las reuniones ha explicado que no se ha facilitado a EU el acta que pedía porque aún no está aprobada dado que hasta que no se celebre la segunda cita no se ratificará el acta. Castellano ha valorado lo realizado hasta el momento y ha subrayado la presencia en el encuentro de Teresa Gisbert, responsable de la Fiscalía, que "informó de las acciones que lleva a cabo" esta instancia y "sobre normativa para unificar criterios y procedimientos de sustracción de menores recién nacidos", así como "las pautas que permitan investigar el más amplio número de casos".

Igualmente, ha comentado que se abordó el funcionamiento de las oficinas de Atención a las Víctimas del Delito para estos casos y que se trataron cuestiones como la necesidad de saber qué documentación existe y cómo colaborar, desde la Conselleria de Sanidad, a conocer los archivos de los hospitales teniendo en cuenta las "dificultades" que se están dando al haber centros "cerrados, que ya no existen o cambios de titularidad".

"decisiones prontas"

La diputada de EU Esther López ha considerado que la toma de "decisiones prontas" ha de estar "en el espíritu de la comisión" para no "entorpecer más" la espera de los afectados y ha pedido que se habiliten "grupos de trabajo, en los que también esté la oposición". Ha asegurado que "los objetivos están claros" y ha reclamado "concretar una metodología" para poder cumplirlos, a la vez que ha instado a tomar medidas para que los hospitales faciliten historiales y a coordinar los criterios para hacer las exhumaciones.

Sobre estas últimas, Castellano se ha mostrado convencido del "gran trabajo de la Fiscalía", de su "independencia y profesionalidad" y de la "homegenización de criterios". En cuanto a las bases de datos, ha defendido la conveniencia de trabajar con la del Gobierno central y no habilitar una para cada autonomía.

López, como también ha pedido la parlamentaria del PSPV Modesta Salazar, ha instado al Consell a responder a la mujer encadenada en la Plaza de la Reina de Valencia que reclama una solución para su caso de bebé robado. El portavoz de Compromís, Enric Morera, se ha sumado a las palabras de EU y ha pedido "máxima celeridad y sensibilidad" para solucionar "unos hechos que nos indignan y preocupan".

Modesta Salazar, que ha matizado que a petición del PSPV se incluyó a las asociaciones en este instancia, ha indicado que "no basta con los compromisos y acuerdos" porque es necesario "instar a la sociedad para que haga suya esta causa" para "aclarar qué pasó". Asimismo, ha pedido también "celeridad", comisiones de trabajo paralelas y que el Consell destine los 36.000 euros que cuesta reparar el aparato de ADN para agilizar las pruebas en la Comunitat.

Subvenciones a entidades

En la Comisión de Gobernación, el PP ha rechazado una Proposición no de ley de EU —la han respaldado esta formación y Compromís y se ha abstenido el PSPV— para prohibir la financiación pública de entidades inmersas en procesos judiciales relacionados con los bebés robados. López ha situado en este caso a "la Casa Cuna de Valencia" como "una de las entidades no colaboran en esclarecer la verdad" y ha instado a "castigar" y "no permitir la colaboración económica con ninguna de ellas".

La diputada del PP Verónica Marcos ha rechazado esta iniciativa y ha instado a actuar según las decisiones judiciales, a ayudar a las entidades de acuerdo con lo que marca la ley, también para "no castigar a actuales gestores por otros del pasado".