El portavoz de IU en el Parlamento andaluz Manuel Baena Cobos ha apostado este miércoles en el Pleno del Parlamento por "contarle a la población" que el sistema de la Ley de Dependencia "desaparecerá de seguir con los actuales recortes del Gobierno central", lo que en la práctica haría inviable "el que las CCAA por sí solas puedan pagarlo", motivo por el que también ha llamado a la ciudadanía "a salir a la calle para garantizar sus derechos".

Baena Cobos, cuyo grupo parlamentario llevaba junto al grupo socialista un debate conjunto con comparecencia de la consejera del ramo, María Jesús Montero, para informar sobre la incidencia de las medidas adoptadas por el Gobierno central en el Sistema de Atención a la Dependencia en Andalucía, ha animado así "a ir a los hogares de pensionistas, a las diputaciones, a los ayuntamientos y a las plazas de los pueblos a contarles a los ciudadanos que este derecho se suprime (de seguir con los recortes) e ir con ellos a la calle para garantizar esos derechos".

Para el diputado de IU, la "demolición" del servicio a la Dependencia al que, en su opinión, somete el Gobierno de la Nación con sus recortes, supone el que "no podamos seguir manteniendo el sistema a la Dependencia", por lo que ha abogado por contarlo directamente a los afectados y reclamarles su intervención. "Dejemos de hacer números y contémosles a los ciudadanos que sin su apoyo y sin ir a la calle no lo conseguiremos", ha subrayado.

Baena Cobos se ha referido así "a los 1.108 millones de euros menos en dependencia presupuestados en España solo para este 2013" o a las diversas medidas que se han ido ejecutando desde el Gobierno de la Nación en los últimos años "como la modificación del los grados de dependientes a través del RDL 20/2011, la supresión del nivel acordado, el cheque domiciliario, la imposibilidad de incorporar nuevos dependientes o en RDL 20/2012 en el que también se reducían las cuantías de las prestaciones por los cuidados en el entorno familiar".

Junto a ello, ha aludido a la "imposibilidad" de que se incorporen nuevos dependientes de grado 1 hasta julio de 2015, el copago de los dependientes, la "no complementariedad de servicios", la eliminación de la cotización de las cuidadoras de estos dependientes o la reducción de la aportación del Estado.

Por su parte, la consejera del ramo ha coincidido también con el diputado de IU en que las medidas adoptadas por Gobierno "ponen en grave riesgo la sostenibilidad de la Ley de dependencia", al tiempo que ha vuelto a reprochar que el Estado "se ha retirado del sostén" de la financiación, "al aportar sólo el 25 por ciento de coste", mientras que el 75 por ciento recae en la CCAA.

Así, y a modo de ejemplo, ha detallado que de los 1.335 millones de euros destinados en 2012 a dependencia en Andalucía, "el Gobierno central solo aportó 335 millones".

"Han quitado (el Gobierno) el nivel acordado, un fondo pactado entre el Estado y las CCAA para repartirlo en función de variables, lo que dejó sin 70,7 millones de euros a Andalucía, lo que equivale a atender a 40.000 personas en la comunidad", ha ejemplificado también Montero, al tiempo que ha aludido a los recortes en el nivel mínimo acordado.

"Con estos recortes, la financiación de la Ley es claramente insuficiente y Andalucía tiene que hacer un gran esfuerzo en suplir estas carencias, aunque estamos también atados por los objetivos de déficit que nos imponen".

Problemas de liquidez

Para Montero, toda esta "política restrictiva" ocasiona a las CCAA "problemas presupuestarios y de liquidez", lo que se traduciría en "retrasos en los pagos a entidades que prestan estos servicios", en referencia a las residencias.

Para la titular del ramo, la "derogación velada" de la Ley de Dependencia "también viene dada por políticas con marcado carácter antisocial, como la bajada del 15 por ciento para los cuidados en el entorno familiar, o la reducción de prestaciones como la ayuda a domicilio, que han pasado de 90 a 60 horas".

Del mismo modo, ha acusado al Ejecutivo de Mariano Rajoy de fomentar el cheque-servicio "para que sea el usuario el que complete su prestación, buscándose la vida a la hora de contratar un servicio, cubra o no la totalidad de la prestación", a la par que ha recordado que en el último informe del Observatorio para la Dependencia "ya se habla de un desmantelamiento velado de la Ley".

Pese a todo ello, ha defendido que el Gobierno andaluz en la CCAA "ha conseguido que nadie sea expulsado del sistema", que se tenga 243.000 prestaciones concedidas y 177.000 beneficiarios y que Andalucía represente "casi el 25 por ciento del total de las prestaciones concedidas en España". "Andalucía sumas más prestaciones que Madrid, Valencia y Castilla La Mancha juntas", ha zanjado.

De igual forma, la diputada del PSOE Soledad Pérez Rodríguez ha coincidido con Montero en su exposición de la situación, ha dicho que Andalucía "no ha reducido prestaciones gracias a una gestión eficiente e impecable" del departamento de Montero y ha subrayado que dicha gestión eficiente se ha hecho "sin meter la mano en el dinero de los dependientes". Para Pérez Rodríguez, son el cheque-servicio y la voluntad privatizadora lo que distinguen al gobierno andaluz del central.

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Invitación a la rebelión'

Por su parte, la diputada popular Rosario Soto PP ha dicho mostrarse "sorprendida" con la "actitud" del diputado de IU "de invitar a la población a rebelarse en materia de Dependencia", toda vez que le ha animado que "también salga contra el Gobierno del PSOE e IU en la Junta de Andalucía".

"Porque también es cierto que, amparados en el ahorro, (la Junta) en Andalucía ha paralizado la dependencia, que se encuentra al borde la quiebra y el colapso", ha proseguido Soto, quien le ha pedido a Baena que también "salga usted contra usted mismo, porque ya está bien de este doble discurso y demagogia".

Además, ha defendido que los decretos del Gobierno central ha servido para "apuntalar la ley de Dependencia y reconstruirla", ha agregado que los "famosos" 1.000 millones de recortes de los que se habla "responden a medidas de ahorro" y ha justificado que el copago en dependientes "es progresivo y se fija en función del nivel adquisitivo".

"Es cierto que se ha visto disminuida la intensidad de prestaciones, pero también que se mantienen el catálogo de prestaciones y servicios", ha proseguido la diputada 'popular', para quien el "problema de Andalucía" radica en la "falta de presupuesto propio" de la Junta.

Así, ha subrayado que el Gobierno central "transfiere mes a mes lo que garantiza la Ley", pese a lo cual "cerca de 60.000 andaluces que tienen reconocido el derecho a la depenciancia no lo recibe", ante esa "falta de presupuesto" de la Junta. Finalmente, ha tildado de "falso" el que la aportación de la Junta sea del 75 por ciento y la de Estado del 25 por ciento del estado, siendo "del 50 por ciento entre ambas adminsitraciones".