El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha defendido este miércoles que la última fase del plan de pago a proveedores va a permitir que "en pocos meses todas las Administraciones Públicas, con independencia de su tamaño o de su posición financiera concreta, estén pagando a sus proveedores a 30 días".

Así lo ha manifestado Montoro en el Pleno extraordinario del Congreso durante su intervención en el debate de convalidación del Real Decreto-ley de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, que desarrolla esta tercera y última fase del plan de pago a proveedores.

"Traemos los mecanismos financieros para que sea factible hacerlo así, para que la recuperación de la imagen de un país que es capaz de afrontar sus compromisos en forma de pago a los proveedores sea factible y real", ha asegurado.

En esta línea, ha explicado que este instrumento será el último, pero no porque el Gobierno no vaya a tomar más medidas en este sentido sino porque conseguirá "cerrar los plazos de pago" de forma que, una vez se aplique, "las Administraciones Públicas no van a poder demorar los pagos a proveedores", gracias también a la futura ley de control de la deuda comercial y al "conjunto de normas" que tiene previsto aprobar el Gobierno, según ha asegurado Montoro.

"Estamos al final de un proceso que significa claridad, transparencia en las cuentas públicas, saneamiento de esas cuentas, veracidad, fiabilidad también por parte de los gestores y una operación financiera de calado que viene a reforzar el argumento del Gobierno de que con ello estamos finalizando la recesión", ha defendido.

Así, ha augurado que "a partir de los próximos meses podemos y debemos esperar escenarios de crecimiento económico" ya que gracias a medidas como el citado Real Decreto-ley se está "dando por terminada la fase de recesión" y frenándose el deterioro del mercado de trabajo, que es, tal y como ha afirmado, "la razón última que da sentido a toda la política del Gobierno".

No aflorará déficit.

Asimismo, Montoro ha recordado que el Real Decreto-ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de junio, supone cancelar las obligaciones pendientes de pago vencidas, liquidadas y exigibles hasta el 31 de mayo de 2013, y contabilizadas, y no conllevará un afloramiento de déficit ni para las Comunidades Autónomas ni para las Entidades Locales ya que "ahora no hay que sacar nada de los cajones".

"Todo está contabilizado en términos de déficit reconocido. Lo hacemos con la tranquilidad de que todo está ya sobre la mesa, no nos vamos a encontrar nada, vamos a trasmitir la fiabilidad de que es una operación para financiar lo que ya está reconocido", ha añadido.

Además, ha destacado que en esta última fase del plan de pago a proveedores se amplía ámbito subjetivo de aplicación ya que recordado que por primera vez podrán ser incluidas las obligaciones adquiridas por las Universidades públicas de las Comunidades Autónomas, así como aquellas derivadas de indemnizaciones por expropiaciones reconocidas en sentencia judicial firme, con determinados límites, las transferencias de las Comunidades Autónomas a Entidades Locales derivadas de alguna de las relaciones jurídicas previstas en el Real Decreto-ley, o las transferencias a instituciones sin ánimo de lucro.

No obstante, ha matizado que "si se ha quedado fuera algún ámbito", el Gobierno tiene intención de corregirlo próximamente ya que "el ánimo es llegar a la cobertura de absolutamente todas las entidades publicas".

También ha remarcado que el Real Decreto-Ley otorga una "especial protección" a los subcontratistas y al resto de acreedores de los proveedores de los que las Administraciones son deudoras. Según ha explicado Montoro, se tratará de que "los pagos sean publicitados" en las webs para que los subcontratistas sepan "que se están pagando las facturas" y no reciban "excusas" de que la Administraciones Públicas morosas.

El titular de Hacienda también se ha referido a las medidas extraordinarias de apoyo a las entidades locales con problemas financieros que se incluyen en el Real Decreto-Ley y las cuales, de las que se podrán beneficiar 536 ayuntamientos a cambio de aplicar un Plan de Ajuste que deberá ser "riguroso" para que les "devuelva la credibilidad".