El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este miércoles que se prohibirán los dispositivos móviles en las pruebas de acceso a la Guardia Urbana que se repetirán el 27 de julio después de que decenas de aspirantes denunciaran que se habían producido irregularidades en los exámenes del pasado 6 de julio.

El consistorio ha informado que también se incrementará la vigilancia con un inspector por cada 25 alumnos y se rebajará la ratio de aspirantes por aula para dejar un espacio vacío entre mesa y mesa.

El primer teniente de alcalde, Joaquim Forn, ha defendido que las pruebas del 6 de julio se hicieron siguiendo el mismo protocolo que en convocatorias anteriores, pero la oposición no se ha dado por satisfecha con sus explicaciones, porque hubo falta de previsión y las denuncias interpuestas contra el Ayuntamiento ponen en cuestión la capacidad de control de los inspectores en los exámenes.

La oposición también ha criticado que solo se repitan dos pruebas. Por su parte, Forn se ha referido a las 80 quejas presentadas en la Oficina de Atención Ciudadana y a las más de 200 recibidas por la Síndica de Greuges de Barcelona. "No son sumatorias, algunas son repetidas", ha especificado.

El primer teniente de alcalde ha rechazado que los exámenes fueran un desvarajuste generalizado y ha destacado que no recibieron ninguna queja hasta pasados dos días después de las pruebas. "Después de los exámenes hablé con los tribunales y la sensación es que no hubo problemas", ha asegurado.

Pese a estas explicaciones, la oposición le ha pedido responsabilidades. La portavoz del PSC, Assumpta Escarp, le ha aclarado: "Usted tiene el derecho y el deber de exigir responsabilidades; una cosa es la logística y otra la mala ejecución de esta logística".