La Fiscalía Superior de Andalucía ha solicitado siete meses de cárcel para el parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y para el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, por la ocupación el pasado verano de la finca Las Turquillas en Osuna, donde se ubica la Yeguada Militar del ejército.

El Ministerio Público ha informado de que, en su escrito de acusación, pide para Sánchez Gordillo, Cañamero y otro dos acusados (ambos militantes del SAT) un total de siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave.

Asimismo, pide para Sánchez Gordillo, Cañamero y el resto de acusados -52, entre militantes y simpatizantes del SAT- el pago de una multa de 1.200 euros por usurpación de inmueble, y otros 100 euros por una falta de daños.

Además, la Fiscalía pide que todos los imputados paguen una indemnización de 1.075,64 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 euros al Ayuntamiento de Osuna (Sevilla) por los daños ocasionados, "sin una intención directa, a consecuencia de la ocupación", que tuvo lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012.

El Ministerio Público ha propuesto para el juicio oral, aún por señalar en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al ser Sánchez Gordillo aforado, diversasas pruebas testificales y documentales.

La petición fiscal se conoce después de que el Alto Tribunal andaluz emitira el pasado mes de mayo un auto en el que procesaba por tres presuntos delitos de usurpación, daños y desobediencia y una falta de hurto a los acusados. Y cifraba los daños causados en 794,14 euros, y en 281,50 euros el valor de los objetos sustraídos.

El magistrado instructor recuerda que el 23 de julio de 2012 recibió la información de que el SAT había decidido ocupar Las Turquillas. Sobre las 10.00 h del 24 de julio de 2012 se concentraron en las inmediaciones de la finca unas 500 personas, encabezadas por una pancarta con el lema Andaluces levantaos. Pedid tierra y libertad. ¡Movilízate! Las Turquillas para los trabajadores.

Los manifestantes se dirigieron a la portada lateral de la finca, "rompiendo con un hierro el candado y la cadena" que cerraba las hojas de la puerta de entrada al camino, "fracturando igualmente" el bastidor de la misma y accediendo seguidamente a la finca todos los concentrados, "a cuyo frente" figuraban Sánchez Gordillo, Cañamero y otros dos militantes del SAT.

"Preguntados" por el jefe del dispositivo que montó en el lugar la Guardia Civil, indicaron que "pretendían ocupar la finca para trabajar en ella y se dirigían a entrevistarse con los responsables de la yeguada militar para comunicárselo". Los guardias les advirtieron que "podían cometer un delito de usurpación".

Una vez en el recinto militar, recorrieron unos tres kilómetros y "destruyeron" un azulejo rústico colocado junto a la puerta de entrada al recinto con la leyenda Yeguada Militar, que sustituyeron por otro con el lema Igualdad y Tierra.

Sánchez Gordillo y Cañamero fueron recibidos por un capitán de la Guardia Civil, "que les advirtió que podían cometer un delito". Ambos "insistieron en que iban a ocupar la finca", mientras que el oficial al mando del dispositivo, "que grabó videográficamente todo lo que estaba sucediendo e identificó a 53 de los ocupantes de la finca", ordenó a los agentes a sus órdenes "no intervenir para evitar una alteración del orden público".

Los "ocupantes" instalaron "una especie de campamento", en el que se fueron "relevando" para pasar los días y trabajar la tierra. El magistrado asevera también que los imputados "fracturaron" los sistemas de guarda y anclaje de un pozo cercano "e instalaron una especie de motobomba para extraer el agua".

También que "labraron un corto trozo de tierra y conectaron una goma de polietileno a una ventosa de la conducción de agua, de suministro de los bebederos del ganado, para usarla como ducha, y se apoderaron de utensilios de labranza y de materiales que se llevaron" cuando desalojaron la finca.

Por parte, recuerda que el 26 de julio prendieron fuego a 18 pacas de paja, "con riesgo de incendio del rastrojo existente en la zona", riesgo que "se incrementó durante los días de la ocupación, al circular constantemente sus vehículos por tierras de labor", puesto que desapareció, además, la cadena que delimitaba el terreno cedido al Consistorio de Osuna y que impedía el acceso a coches hacia el acuartelamiento.

Un día después, unas 35 personas rompieron un candado de la cancela del vallado e iniciaron el corte de ramajes de olivos y almendros, a lo que se suma que otras tres personas subieron a un depósito de agua y pintaron una bandera de Andalucía.

El 7 de agosto, el Juzgado de Instrucción 1 de Osuna ordenó el "inmediato" desalojo de Las Turquillas, lo que fue notificado personalmente a los imputados por el capitán de la Guardia Civil, pero estos le dijeron que "no abandonarían el recinto si no era a través del empleo de la fuerza". Finalmente, el desalojo se produjo sin incidentes el 9 de agosto.