La Mesa de la Ría ha presentado este viernes una denuncia ante la jurisdicción penal contra la empresa Fertiberia, propiedad del empresario Villar Mir, por un presunto delito contra el medio ambiente, contra la salud y contra la ordenación del territorio.

Según ha informado la formación en una nota, los hechos denunciados se refieren al depósito del residuo industrial conocido como fosfoyeso en la marisma del río Tinto, vertido que ha sido declarado como "irregular" por el Tribunal Supremo mediante sentencia de febrero de 2011.

El portavoz de la organización, Rafael Gavilán, ha manifestado que, como ha quedado acreditado que "esos vertidos se realizaron de manera irregular e ilegal", la empresa ha podido incurrir en un delito "contra el medio ambiente al verter de manera incontrolada en las marismas unos residuos para los cuales no contaba con autorización".

El objetivo de la presente denuncia, según ha manifestado Gavilán, es "forzar a que la empresa tenga que retirar todo lo indebidamente depositado, asumiendo íntegramente los gastos que dicha operación genere, ya que es ella quien se ha lucrado indebidamente con dicha actuación durante años".

Del mismo modo, ha indicado que "si una sentencia contra una construcción ilegal lleva aparejada la demolición de la misma, en este caso, una sentencia contra un vertido ilegal debe aparejar la retirada de los mismos", al tiempo que ha asegurado que no entiende "cómo ninguna administración ha actuado y obligado a que esos vertidos irregulares se retiraran". Ante "la inoperancia de la administración seremos los propios ciudadanos quienes hagamos cumplir la ley", ha añadido.

La Mesa de la Ría ve como "una oportunidad" para el empleo en la ciudad el hecho de que se acometan "las labores de limpieza y restauración de las marismas", ya que consideran que dicha actuación generaría cientos de puestos de trabajo durante muchos años, "todo ello sufragado íntegramente por la empresa que ha realizado el vertido".

Asimismo, ha apuntado que, de prosperar esta denuncia, ejercerán acciones judiciales contra "la autoridad pública que haya hecho dejación de sus funciones, por una presunta omisión del deber de perseguir delitos". "Se ha acabado la impunidad en esta ciudad tanto para la empresa contaminante como para la autoridad que sistemáticamente ha estado mirando para otro lado", según ha añadido Gavilán.

Finalmente, ha anunciado que junto con esta denuncia ante la jurisdicción penal, se presentaran sendos recursos en la jurisdicción contencioso-administrativa contra el Ministerio de Medio Ambiente y contra la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, así como una nueva denuncia ante la Comisión Europea por "incumplimiento de diversas directivas del derecho comunitario". Todo ello con objeto de lograr el objetivo que la propia Unión Europea propugna de "quien contamina paga".