El decano del Colegio de Abogados de Murcia, Francisco Martínez-Escribano, ha advertido este viernes que "la implantación de las tasas judiciales no va a servir para financiar una justicia gratuita, que hasta ahora se ha mostrado eficiente y eficaz y que apenas representa un 6 por ciento del total del gasto en justicia en España, si no que supone un repago disuasorio e injusto que persigue obstaculizar o impedir el libre acceso de los ciudadanos a ella".

En lo referido al gasto en justicia gratuita, ha puesto de manifiesto que "lleva tres años seguidos descendiendo, a pesar de que los legisladores han aumentado año tras año los asuntos que caben bajo ese paraguas".

Y es que, apunta, "de 266 millones en 2009 hemos pasado a 232 en 2012, atendiendo prácticamente los mismos casos y a las mismas personas, gracias al esfuerzo impagable de más de 39.000 abogados que trabajan 24 horas al día, 365 días en cualquier lugar de España y también al de los 83 Colegios de Abogados".

Tras ensalzar la justicia gratuita, "un servicio público esencial que contribuye a mantener la paz social en un Estado Social y de Derecho como el nuestro", ha puntualizado que durante el pasado año en Murcia prestaron su servicio un total de 844 abogados en las diferentes jurisdicciones (penal, violencia de género, civil, contencioso-administrativa, extranjería, social).

Mientras que las solicitudes de asistencia jurídica gratuita cursadas ante el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados ascendieron a 19.109, y fueron asistidos en los servicios de guardia 13.527 ciudadanos.

En homenaje del Colegio a los letrados del turno de oficio como representantes de la última garantía de defensa de los más vulnerables, Martínez-Escribano ha recordado que en España, hasta el 31 de diciembre del pasado año, "existían más de 39.000 abogados adscritos al servicio de turno de oficio, lo que supone aproximadamente un 28 por ciento del censo de letrados ejercientes".

El perfil socio-profesional de tales abogados muestra un 51 por ciento de hombres, un 49 por ciento de mujeres, con un 39 por ciento de los mismos con más de 45 años, y una experiencia profesional de entre 10 y 20 años, en el 47 por ciento de los casos. Además, los abogados de oficio reciben formación específica y prestan este servicio "por convencimiento y por vocación".

Retribuciones económicas marcadas por baremos

Las retribuciones económicas que estos profesionales reciben vienen marcadas por baremos, que dependen en su caso de la Administración central o, como el caso de Murcia al no haber sido transferidas las competencias en Justicia, de las administraciones autonómicas.

"Los baremos, explica, no solo no han sido revisados desde hace más de 10 años, sino que algunas administraciones públicas las han reducido hasta en un 40 por ciento, como en la Comunidad Valenciana, o se han recortado entre un 5 y un 17 por ciento en el plazo de dos años en Cataluña o en diferente medida en Madrid", ha matizado Martínez-Escribano.

Los baremos representan, en la mayoría de los casos, un diez por ciento de la tarifa vigente para casos similares en cualquier despacho de abogados y, a modo de ejemplo, el decano ha explicado que un letrado de Murcia "percibe aproximadamente por la tramitación de un procedimiento de divorcio contencioso 200 euros, por un juicio ordinario 240 euros y en la jurisdicción penal por un procedimiento con Tribunal de Jurado 300 euros".

Martínez-Escribano ha concluido señalando que "hay que cuidar la justicia gratuita porque la utilizan los ciudadanos que, en muchos casos, han perdido ya no sólo el empleo o la vivienda, sino hasta la esperanza".