La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, Carmen Abrines, ha abierto juicio oral contra el expropietario de la Policlínica Miramar Cristóbal Pizá por apropiarse de unos siete millones de euros de los fondos de la instalación sanitaria sin el conocimiento del resto de accionistas, unos hechos por los que la Agrupación Médica Balear (Ameba) -gestora del centro- reclama 10 años de cárcel para el acusado.

Mediante un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza recoge las peticiones que las distintas acusaciones han formulado contra Pizá, quien volverá a sentarse en el banquillo por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la Policlínica. El acusado está pendiente además de que se dicte sentencia en sendas causas por las que ha sido juzgado este año, una de ellas por haber incurrido en supuesto alzamiento de bienes y otra por haber defraudado al menos 708.000 euros de los ingresos de la Miramar junto a su exsocio Miquel Dalmau -ya fallecido-.

En concreto, en el marco del nuevo procedimiento que prevé ir a juicio, la representación procesal de Ameba, ejercida por la letrada Isabel Fluxà, reclama cuatro años de cárcel para Pizá por un delito societario y seis años por otro de apropiación indebida, además del pago de una multa de 9.000 euros y que indemnice a la gestora de la Policlínica con 6,8 millones de euros más intereses legales y costas.

Mientras tanto, otra de las acusaciones particulares, en nombre de Oliver Kaufer y Ramón Autanell, entre otros, reclama dos años y tres meses de prisión y una pena de multa de hasta 17,9 millones de euros por dos ilícitos societarios y otra de 5.400 euros por un delito de apropiación indebida. Por su parte, el doctor Pablo Ramis solicita cuatro años de cárcel, y la Fiscalía pide que se le condene al pago de seis millones de euros.

En el marco de esta misma causa, la magistrada ha desestimado la petición efectuada por Pizá para que se dejase sin efecto la fianza civil de 3,5 millones de euros que le fue impuesta en julio de 2007, para su pago conjunto con Dalmau, y levantase los embargos decretados sobre sus bienes. La jueza considera que procede mantener la caución acordada a fin de garantizar el pago de la multa que solicita el Ministerio Público en su escrito de acusación.

El pasado mes de marzo, Pizá fue juzgado en la Audiencia Provincial de Palma por presuntamente apropiarse, junto a su exsocio, de al menos 708.000 euros de los ingresos de la Miramar, una vista en la que alegó que la gestión económica de la instalación sanitaria "no era mi incumbencia; mi incumbencia eran los enfermos", responsabilizando de las presuntas irregularidades al propio Dalmau, quien también fuera presidente del RCD Mallorca.

Durante el juicio que ha arrancado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, Pizá, para quien la acusación particular, ejercida por el doctor Pablo Ramis, solicita cinco años de cárcel por un delito de apropiación indebida, ha insistido en que "nunca" ha llevado a cabo "ningún desfalco" como tampoco ha cobrado "dinero negro". "Sólo he cobrado por mi trabajo", ha espetado.

El acusado, para quien la acusación particular, ejercida también en esta causa por Pablo Ramis, solicitaba cinco años de cárcel por un delito de apropiación indebida, insistió en que "nunca" ha llevado a cabo "ningún desfalco" como tampoco ha cobrado "dinero negro". "Sólo he cobrado por mi trabajo", espetó.

Un mes después, el expropietario de la Policlínica se sentó de nuevo en el banquillo acusado de un delito de alzamiento de bienes por presuntamente deshacerse de dos inmuebles para frustrar el pago de un millón de euros que adeudaba al actual máximo accionista del centro sanitario, Francisco Miralles. Precisamente, Miralles está querellado contra el empresario José María Ruiz-Mateos por una supuesta estafa de 13,9 millones de euros en otra causa que se está instruyendo en Palma.

En concreto, la Fiscalía solicita tres años de cárcel para el acusado y dos para su mujer, mientras que la acusación particular en nombre de Inversiones Grupo Miralles (IGM), reclama tres para cada uno de ellos, además de una fianza civil de 147.651 euros conjunta para ambos.

Los herederos de dalmau,

Condenados a indemnizar a ameba

Se da la circunstancia además de que la Audiencia condenó en abril a los herederos de Dalmau a devolver un total de 40.997 euros más intereses a la Agrupación Médica Balear, parte de los cuales (1.188 euros) el exmáximo accionista de la Miramar destinó a pagar recibos del IBI mientras que el resto (39.808 euros) lo desvió en forma de transferencias a una de sus mercantiles, justificándolas con facturas ficticias que no respondían a contraprestación alguna.

La sentencia extendió esta obligación indemnizatoria a los herederos de Dalmau por afectar al patrimonio personal de éste, después de que en primera instancia únicamente fuese condenada la mercantil Midaldía, a cuyas cuentas corrientes el expresidente del Consejo de Administración de Ameba transfería los importes, obteniendo de este modo liquidez "fraudulenta a costa del patrimonio" de esta entidad médica.

La propia Ameba, demandante en el proceso y representada por el letrado Juan Camacho, del Bufete Coca, apuntaba cómo Dalmau tenía "interiorizado" que la Agrupación era su "cortijo y hacía y deshacía a su antojo sin encomendarse a nadie, con un manifiesto desprecio a los accionistas minoritarios de la sociedad". Unas prácticas, según la Audiencia, "a todas luces ajena al ámbito empresarial" por cuanto Dalmau "daba las órdenes pertinentes al objeto de que se desviaran fondos de Ameba para fines privativos".