El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha mandado paralizar provisionalmente la privatización de la gestión de seis hospitales de la Comunidad de Madrid. La sección tercera de lo contencioso administrativo ha aceptado así las medidas pedidas por el denunciante, el Partido Socialista de Madrid (PSM). La semana que viene el TSJM ratificará esta decisión o se echará para atrás, dependiendo de las alegaciones que presente el Gobierno Regional (la Comunidad tiene tres días para presentar las alegaciones, pero el juez dispondrá de varias jornadas más para decidir).

Si la ratifica y no da marcha atrás, la suspensión se convertería en definitiva, en espera de la sentencia que dictaminará si la privatización cumple o no con lo ley. Un proceso judicial de este tipo puede tardar hasta dos años en resolverse, según fuentes judiciales. La Comunidad, sin embargo, pretendía que este nuevo modelo de gestión público-privada estuviera implantado, de forma definitiva, después del verano, en septiembre.

Los hospitales en los que la Comunidad pretendía externalizar la gestión sanitaria son: Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda del Rey), el Infanta Leonor de Vallecas y el del Tajo (Aranjuez).

La demanda de los socialistas se basaba en la fianza que debían presentar las empresas adjudicatarias (el grupo puertoriqueño Hima San Pablo, Ribera Salud y Sanitas), y que fue modificada a última hora para favorecer, presuntamente, a las empresas. Esta fianza es el dinero que debían ingresar las contratas por si en algún momento incumplían las condiciones expuestas en el contrato.

Solo cuatro días antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas, la Comunidad realizó un cambio en esta fianza bajo la modalidad de "corrección de errores". La garantía estaba fijada a un 5% del valor del contrato, pero el Gobierno regional incluyó la palabra "anual" en el texto, lo que en la práctica, y según la denuncia del PSM, suponía en una reducción del 90% del aval inicial, ya que el contrato de concesión es por 10 años.

Así, con este cambio, la Comunidad habría incumplido la Ley de Contratos de Servicio Público, de aplicación estatal, y que establece que la garantía a presentar por las empresas debe ser el 5% del importe de la adjudicación.

En este caso, el improte total de los contratos, por 10 años, alcanzaba los 4.679,82 millones de euros. El 5% a pagar por las empresas sería entonces 233,4 millones, pero después de la corrección de errores de la Comunidad, esta cantidad se reduce a la décima parte: 23,4 millones.

"Lo peor de todo esto es que este cambio se hizo a hurtadillas cuatro días antes de la adjudicación. Todo indica que hubo presiones para que se bajara la cuantía de la fianza y permitir así que se presentaran más empresas", apunta José Manuel Freire, portavoz del PSM

Según la denuncia presentada por el PSM, esta corrección de errores "permite a las futuras empresas adjudicatarias aportar una garantía que está infinitamente por debajo de las penalizaciones que se pueden imponer por la Administración, lo que además de ir abiertamente contra la legalidad, pone a la Administración en clara situación de riesgo ante un caso de insolvencia empresarial o de imposición de penalidades por incumplimiento contractual".

Las empresas adjudicatarias se iban a repatir los hospitales de esta forma: Ribera Salud gestionaría el Infanta Leonor de Vallecas y el hospital del Sureste de Arganda del Rey, Sanitas llevaría el Hospital de Henares de Coslada, mientras que el grupo Hima San Pablo se encargaría  del Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y los hospitales Infanta Cristina de Parla y el del Tajo de Aranjuez.

Este no es el único proceso que tiene abierto la Consejería de Sanidad por su intento de privatizar la Sanidad. En los juzgados también se está investigando una querella de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), que ya ha sido admitida a trámite, y donde dos exconsejeros de Sanidad (Lamela y Güemes) además de dos altos cargos de la Consejería, están citados a declarar ante el magistrado el próximo mes de septiembre.