Los taxistas andaluces de municipios rurales, de ciudades costeras y aquellas que no tienen aeropuerto han rechazado este jueves la reciprocidad modulada propuesta por la Consejería de Fomento y Vivienda, por la que los taxistas de la capital podrán, previo contrato, acudir a un municipio a recoger a clientes y trasladarlos a los aeropuertos.

De esta manera, el presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi, Miguel Ruano, que asistió a la reunión con la Consejería para tratar este asunto como presidente de la federación cordobesa, ha señalado que esta reciprocidad modulada supondría "la muerte" de los taxistas rurales, ya que "el poco trabajo que tienen también lo ocuparía el taxi de la ciudad".

Si bien, ha explicado que en el encuentro de este jueves en Sevilla, con la Consejería, ésta ha mostrado su intención de "pausar" el cambio normativo andaluz hasta conocer cómo será el nuevo reglamento al respecto a nivel nacional. "Sería una imprudencia cambiarlo aquí ahora y luego volver a cambiarlo cuando salga el reglamento", ha explicado.

La Consejería de Fomento y Vivienda ya mantuvo la semana pasada una reunión con la Federación del Taxi de Málaga, en la que propuso introducir el principio de la reciprocidad modulada, ya que actualmente un taxista de otro municipio que no fuese de la capital malagueña puede realizar un servicio (en vacío) al aeropuerto para trasladarlo a otro, mientras que los taxistas de la capital no pueden recoger a clientes en otros municipios para llevarlos al aeropuerto.

No obstante, apunta que para realizar este servicio, los profesionales deben contar con un precontrato que presentan en el aeropuerto para garantizar que han sido acordados previamente. A través de esta propuesta, los taxistas de la capital podrían, previo contrato, acudir a un municipio para recoger a clientes y trasladarlos al aeropuerto.

Esta medida es modulada porque es "necesario" que el municipio ejerza el control de comprobación del precontrato —similar al que se realiza actualmente en el aeropuerto—. Serán las asociaciones las que planteen a sus ayuntamientos, si bien la decisión final será de los gobiernos locales.