La Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León confía en cerrar en breves fechas con las organizaciones profesionales agrarias un "acuerdo de Comunidad" con el fin de afrontar en una "posición de fortaleza" las negociaciones con el Ministerio del ramo para la aplicación en España de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) cerrada la pasada semana entre los Estados miembros de la Unión Europea.

Ese es el objetivo que se ha marcado la consejera Silvia Clemente antes de que el 24 ó 25 de julio comience en Madrid el proceso de trabajo técnico entre el Magrama y las comunidades autónomas para diseñar y acordar el modelo de la reforma en España, tanto de los distintos Reglamentos como de la Ficha Financiera asignada, y todo ello con la ventaja que supone el "amplio margen de flexibilidad" con que se cuenta.

El Consejo Regional Agrario celebrado hoy presidido por Clemente y con participación de las OPA ha abordado con carácter monográfico esa reforma de la PAC 2014-2020 para analizar su contenido y tratar de adaptarlo tanto al acuerdo suscrito en su momento entre dichas organizaciones y la Unión Regional de Cooperativas (Urcacyl), presentado al comisario Dacian Ciolos durante su visita a Castilla y León en abril de 2011, como al alcanzado el pasado día 8 de mayo en sede parlamentaria entre PP, PSCL y Grupo Mixto.

Serán ahora las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas las que, a partir del cuestionario que la Junta les remitirá antes del próximo 11 de julio, planteen sus propuestas de cara a ese proceso negociador en el Magrama con el fin de, fundamentalmente, garantizar el "estatus" financiero de Castilla y León en cuanto a la percepción anual de fondos de la PAC, cifrada en 1.150 millones, y defender los intereses de los cerca de 100.000 perceptores de ayudas directas en la Comunidad.

"En lo esencial mantenemos un criterio uniforme, una gran coincidencia, aunque hay matices que es preciso debatir", ha explicado Clemente, quien, en declaraciones

recogidas por Europa Press, insiste en que lo importante es ponerse de acuerdo en cuestiones básicas para los intereses de los agricultores y ganaderos de la región.

Por ello, la consejera ha subrayado la importancia de cerrar filas de cara al proceso negociador en Madrid y acudir en una "posición de fortaleza" y con un 'Acuerdo de Comunidad' que demuestre la realidad del sector en un territorio que ocupa la segunda posición en percepción de fondos de la PAC en España y cuyo peso en el PIB es el doble que la media nacional.

En ese marco negociador sobre la aplicación de la PAC en España, que en su conjunto se traduce en ayudas de 7.500 millones de euros y que Clemente augura "complicado" y que podría dilatarse hasta principios de 2014, la Consejería del ramo castellanoleonesa planteará en cuanto a la aplicación de los pagos directos, que representan el 30 por ciento de las rentas agrarias, un modelo nacional, siempre y cuando garantice las singularidades y sectores productivos de Castilla y León a fin de mantener la viabilidad de todos los cultivos y sectores ganaderos y no se produzcan trasvases de unos a otros, así como que el proceso de convergencia interna de los pagos sea progresivo y ascedente, del 10 por ciento el primer año hasta converger en 2019 en el 60 por ciento.

Regiones o comarcas agronómicas

En el caso de España, la Junta considera necesario definir el concepto de regiones o comarcas agronómicas, dentro de las cuales se podrán establecer, en principio, cuatro grandes grupos o tipos de explotación: cultivos de secano, cultivos de regadío, pastos y cultivos permanentes (olivar y viñedo).

Respecto de la superficie admisible, la consejera se ha felicitado de que finalmente la acogida al territorio PAC en España no supere los 22 millones de hectáreas, frente a las 38 inicialmente barajadas, puesto que en caso contrario se habría producido una merma importante en las ayudas por perceptor.

Sin embargo, Clemente propondrá al Magrama que en España se establezca algún tipo de condicionante para que una superficie pueda percibir ayudas de la PAC, una de ellas destinada a garantizar que esas hectáreas sean de verdad productivas y estén destinadas de manera efectiva a cultivos y, en el caso de los pastos, que lleven unido a su mantenimiento el aprovechamiento por el ganado o, en su caso, se aprovechen mediante la siega.

Pero además, uno de los caballos de batalla que Castilla y León llevará a la negociación nacional es la definición de agricultor activo, algo que, dentro de la flexibilidad que otorga la reforma de la PAC, debería estar condicionado, en opinión de Clemente, a que el beneficiario de las ayudas directas demuestre que cotiza a la Seguridad Social por dicha actividad.

En la batería de propuestas al Magrama figura igualmente en lugar destacado aprovechar al máximo la línea de ayudas directas que, por vez primera, instaura Bruselas en el reglamento de pagos directos para fomentar la incorporación de jóvenes agricultores.

OTROS 100

Millones para incorporación de jóvenes

En este sentido, la Junta plantea reservar hasta un 2 por ciento del límite financiero en concepto de ayudas directas para garantizar el relevo generacional del sector en España, lo que supondrían unos 100 millones anuales a mayores de los 95 consignados en el Plan de Desarrollo Rural para este mismo fin, y junto a ello que el límite de superficie por la que un agricultor joven pueda recibir este nuevo pago asociado sea el máximo contemplado, es decir, unas 90 hectáreas.

"Es algo muy importante para Castilla y León porque en los últimos cinco años la Comunidad ha incorporado el 25 por ciento del total en España", ha recordado Clemente.

Precisamente, en materia de pagos asociados o acoplados, el acuerdo alcanzado entre los Estados miembros de la Unión da la posibilidad de que España pueda destinar hasta un 13 por ciento de su límite financiero a tal finalidad, algo que es bien visto desde que Castilla y León, cuya consejera propondrá utilizar el límite máximo y por incluir en estas ayudas de forma prioritaria a la ganadería sin base territorial y que sean los sectores del ovino-caprino, vacuno de leche e incluso el vacuno de cebo, junto con otros como el de la remolacha o los forrajes desecados, los primeros en percibirlas.

"Es necesario que este 13 por ciento llegue a todos los sectores que van a perder recursos, sobre todo la ganadería en Castilla y León", ha enfatizado la consejera, quien ha subrayado igualmente la importancia de arbitrar y adoptar medidas de mercado para garantizar el mantenimiento de las rentas del sector agrario, capíotulo del que depende el 70 por ciento de las mismas.

La reforma, además de prolongar hasta 2017 el régimen actual de las cuotas del sector azucarero y salvaguardar los derechos de plantación de viñedos hasta 2030, no así de las cuotas lácteas, que expiran en 2015, permite la coexistencia de programas nacionales y regionales en materia de Desarrollo Rural, algo que también es bien visto por la titular la consejera castellanoleonesa.

No obstante, Clemente trasladará a Arias Cañete la necesidad de que el Magrama garantice la cofinanciación del PDR, máxime cuando la reforma trae consigo un aumento de tres puntos en la aportación de la UE, que pasa del 50 al 53 por ciento. El planteamiento desde Castilla y León se encuentra justificado, según la consejera, por el hecho de que el Ministerio aún adeuda 26 millones de la convocatoria de ayudas de 2012 del PDR, sin que hasta el momento haya habido trasferencia alguna que ponga fin al conflicto suscitado entre los departamentos nacional y regional.