Arca y la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria han presentado una queja ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por el "incumplimiento" del Gobierno regional del Convenio de Aarhus en la tramitación del Plan de Sostenibilidad Energética (Plenercan) 2011-2020 y de la ley eólica al no informar, ni dar participación a los agentes sociales y afectados en un asunto medioambiental.

Así lo han anunciado los representantes de Arca y de la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria, Carlos García y José Miguel Martínez, respectivamente, que han informado que han presentado la queja este martes tras comprobar, según ha dicho, que el Ejecutivo regional "sólo" se ha reunido con la Asociación Eólica.

Estos dos colectivos han asegurado que el presidente regional, Ignacio Diego, mantuvo un encuentro hace un año y desde entonces el Ejecutivo regional no ha vuelto a dirigirse a ellos y han asegurado sentirse "desamparados" por el "silencio" del Gobierno.

Además, según han explicado en una rueda de prensa, les han denegado documentación sobre estos textos legales que han pedido "un montón de veces".

Arca y la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria se han quejado de que en España no se hace "ni caso" al Convenio de Aarhus, si bien desde estos colectivos avisan que hay precedentes de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha tomado en consideración estas quejas.

De hecho, han avisado de que puede traer "cualquier sorpresa" e, incluso, podría "poner en peligro" el propio inicio de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que regula el aprovechamiento eólico —también denominado ley eólica— que, tras la aprobación del texto en el Consejo de Gobierno, se llevará a cabo en el próximo periodo de sesiones de la Cámara regional.

Dispuestos a volver a los tribunales

Aparte de la tramitación del Gobierno regional, los representantes de Arca y la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria presentes en la rueda de prensa se han quejado del contenido del proyecto de ley eólica y del propio Plenercan y advierten de que si tienen que "volver" a los tribunales "volverán".

Consideran que tras el concurso eólico que anuló el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), y que han calificado de "chapuza", el Gobierno regional llega con algo "peor".

Critica que en el proyecto de ley eólica no hay zonificación y "sólo" hay "tasas" y "cánones" y, en definitiva, dinero.

Además, consideran que la apuesta por las solicitudes individuales de los parques que se prevé en el texto, tramitadas una a una en una "supuesta" competencia, es la "peor política eólica" por que, a su juicio, hacen "imposible" el control y supone un "gran desorden e impacto por falta de planificación".

Así lo indican en una documentación complementaria a la rueda de prensa, en la que afirman que el modelo del canon eólico es un "caos gallego" y que las adjudicatarias aporten dinero a un Fondo de Compensación, tal y como se prevé, es "pagar un poco, no se sabe a quién, por lo mucho que destrozan".

A su juicio, el Gobierno regional "olvida" los efectos que en el Plenercan y en la ley eólica, podrían tener los recursos de casación interpuestos por las adjudicatarias del anterior concurso eólico contra la sentencia que lo anuló si son estimados.

Además, consideran que el actual Ejecutivo regional (PP), al margen de reducir a la mitad los megawatios de energía eólica previsto, sigue el plan del anterior Gobierno (PRC-PSOE) y mantiene "las mismas bases" respecto al desarrollo de esta energía en Cantabria.

En su opinión, el proyecto eólico nace, por tanto, "viciado" y "empieza mal" y la "seguridad jurídica" de la que, según han señalado, habla Diego "cada vez huye hacia una mayor inseguridad".