En los términos de la actuación, consultada por Europa Press, el Defensor apunta que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía hizo público su acuerdo de aprobar un nuevo modelo integral para la ejecución de medidas judiciales en medio abierto. Para dicha finalidad, continúa, "autorizó la contratación provincial de dicho servicio, que hasta el momento prestaban de forma no unificada diversas entidades privadas sin ánimo de lucro".

A tales efectos, en fechas recientes la Defensoría apunta que se ha tenido constancia por noticias aparecidas en distintos medios de la queja hecha pública por la central sindical Comisiones Obreras de Andalucía, relativa "a la reducción del personal incluido en los programas que viene realizando la Junta de Andalucía para la ejecución de medidas impuestas por Juzgados de Menores, referidas a medio abierto".

Según la queja de la central sindical, a la que alude el Defensor, la opción de la Junta de Andalucía por el nuevo sistema de contratación de entidades para la gestión de las medidas de medio abierto "implica una reducción de más de 60 puestos de trabajo en Andalucía lo que, a su vez, conlleva un incremento de la ratio de menores atendidos por tales profesionales y el consecuente empeoramiento en la calidad de la atención".

Además, prosigue, el sindicato "alerta sobre la posible adjudicación de dicho contrato a empresas que no respeten la legalidad laboral vigente", por lo que han solicitado que "se mantenga la gestión de tales centros a través de entidades sin ánimo de lucro", agrega.

Ante esto, y habida cuenta de la "trascendencia" de la labor socio-educativa que desempeña la Junta de Andalucía en la ejecución de las competencias sobre menores infractores, el Defensor indica que ha "estimado oportuno iniciar una actuación de oficio".