'El tribunal de apelaciones ha aprobado la condena de muerte. (El Gobierno) tiene el derecho de escoger una fecha a partir de mañana hasta dentro de 30 días. Después de los 30 días, será una obligación aplicar la sentencia', declaró el presidente del Alto Tribunal Iraquí, Aref Adbul Razaq al Shanhin, en una conferencia de prensa en Bagdad.
Sadam, de 69 años, fue condenado a muerte el 5 de noviembre por crímenes contra la humanidad en la matanza de 148 chiíes del pueblo de Dujail, que tuvo lugar en represalia por un intento de asesinato sobre el dictador iraquí en 1982.
Su hermanastro Barzan al Tikriti y el ex juez Awad al Bander recibieron la misma pena por su participación en la matanza, a través de torturas a cientos de habitantes de Dujail.
El tribunal también descartó sus apelaciones y recomendó endurecer la pena al ex vicepresidente Taha Yasin Ramadan, quien fue condenado a cadena perpetua, diciendo que debería ser ejecutado.
Amnistía Internacional mostró su decepción por esta decisión, y dijo que se produce 'tras un jucio con defectos'.
El jefe de su equipo de defensa, Jalil al Dulaimi, dijo a Reuters desde Amman: 'Si se atreven a aplicar la sentencia será una catástrofe para la región que sólo profundizará las luchas sectarias'.
OTRO JUICIO
Sadam está siendo sometido a otro juicio, acusado con genocidio con otros seis colaboradores, esta vez contra los kurdos, por una campaña militar en el norte de Irak en los 80. Shahin dijo que el juicio continuará sin el ex mandatario.
Los fiscales han dicho que la campaña incluyó el uso generalizado de armas químicas, que causó la muerte de 180.000 personas y que destruyó cientos de aldeas.
El primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, miembro de la mayoría chií que fue perseguida bajo el gobierno suní de Sadam, ha dicho que quiere que la ejecución se realice antes de fin de año.
Varios expertos en derechos humanos de la ONU han pedido al gobierno de Irak que no ejecute la pena de muerte, indicando que el juicio contra Sadam tuvo fallos graves.
El mes pasado, Human Rights Watch, una ONG con sede en Nueva York, condenó los veredictos en un detallado informe en el que señaló que eran poco sólidos y que el tribunal cometió tantos errores que había sido imposible realizar un juicio justo.
El grupo señaló que el tribunal careció de la pericia para realizar un juicio tan complejo, que no avisó a la defensa sobre documentos claves, y que las declaraciones de funcionarios gubernamentales socavaron su independencia e imparcialidad.
Durante el caótico e interrumpido juicio, tres abogados de la defensa fueron asesinados y el presidente del tribunal dimitió, quejándose de interferencias del Gobierno.
/Por Mariam Karuny/.*.
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